Después de la visita de las delegación de la CIDH y de la ONU para levantar información sobre violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones de octubre, los testimonios de decenas de personas que han sido víctimas de abusos empezaron a revelarse. Y no solo los investigadores internacionales tuvieron la oportunidad de escucharlos, sino los mismos legisladores en la Comisión Especial que se creó para analizar los hechos del paro.

A esa Comisión asistió la semana pasada la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quién volvió a defender la actuación policial y su uso progresivo de la fuerza. Romo no ha titubeando en decir que los nueve muertos que el Ejecutivo reconoce —11 según organizaciones de DDHH— sufrieron accidentes como caídas o atropellamientos, deslindando toda responsabilidad a los uniformados. Pero abrió la posibilidad de una investigación interna sobre si hubo o no excesos. Dijo que revisará lo sucedido, en especial, con los periodistas y fotógrafos que fueron agredidos por la Policía, hechos que quedaron registrados en imágenes. "La lógica fue el mantenimiento del orden público y el uso progresivo de la fuerza", manifestó.

Pero los principales contradictores de la Ministra han sido seis organizaciones de DDHH entre ellas Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, el Comité Permanente por la Defensa de DDHH e Idea Dignidad. Formaron una alianza que publicó un informe el pasado 31 de octubre. El voluminoso documento narra decenas de episodios donde policías y militares son identificados como agresores de cuidados durante la paralización.

Según esta alianza, el estado de excepción y toque de queda permitieron "un abuso desproporcionado, injustificado y arbitrario de la fuerza pública contra la sociedad civil".

Sostiene que el estado de excepción provocó una escalada de violencia que pudo evitarse con el diálogo temprano y que finalmente se concretó doce días después con un alto costo en violaciones de derechos humanos, personas fallecidas, heridas y detenidas, así como pérdidas económicas y un
exacerbamiento del racismo y la xenofobia en el país. El documento, presentado en una rueda de prensa, motivó una respuesta de la Policía donde asegura que sus protocolos estuvieron enmarcados en el respeto de los DDHH. La institución aseguró que está dispuesta a someterse a cualquier investigación.

Quién no se ha manifestado aún sobre los reclamos es el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Los militares también son señalados en el reporte como autores de abusos. Las organizaciones de DDHH ha registrado las declaraciones del ministro, del 7 de octubre, como indicio de lo que sucedió en las calles: "Actos criminales o de terrorismo serán repelidos con la fuerza en sus reales términos, como emplean las fuerzas armadas de ser necesario. No se olvide que las Fuerzas Armadas, orgullosamente, tienen experiencia de guerra".

Según el informe hubo dos hechos significativos que dan cuenta del uso desproporcionado de la fuerza pública. El primero es el operativo policial contra el paro del 9 de octubre. Y el otro episodio se registró el 11 de octubre, un día después del funeral público de Inocencio Tucumbi, realizado en el Ágora de la Casa de la Cultura. Ese día, cuenta la alianza, un amplio sector de mujeres indígenas junto con varias mujeres de la ciudad, realizaron una pequeña marcha desde el Parque de El Arbolito hasta la entrada principal de la Asamblea Nacional e hicieron un acto simbólico de levantar y enseñar sus manos vacías, sentarse y permanecer en paz: “somos mujeres, no somos delincuentes” gritaban a la fuerza pública, en medio de una aparente tregua. "Sin embargo, la Policía Nacional del Ecuador, alrededor de las 17:00 reprimió nuevamente, sin ningún motivo y de manera desproporcionada a la población, lanzando gases de manera indiscriminada contra miles de personas que se encontraban reunidas en ese momento, poniéndolas en riesgo a todas ellas".

En el informe, las organizaciones de DDHH también denuncian detenciones arbitrarias y tratos crueles. "Estábamos desarmados, solos y caminando pacíficamente de regreso a nuestras casas. Cuando nos detuvieron, no nos resistimos ni corrimos, pero aún así botaron a mi compañero al piso, lo rodearon entre policías en caballos y a pie, lo patearon, golpearon con sus manos, toletes y latas de gas pimienta. Se llevaron a mi compañero y luego a mi. Antes de subirme a la moto me rosearon gas pimienta directamente en los ojos y la cara, en eso me empujaron y al subir a la moto, la policía que iba atrás mío me pateaba las piernas por gritar", contó una mujer a la alianza.

En el documento se leen casos de policías que entraron a las casas de manifestantes para golpearlos y amenazarlos. También está lo sucedido a un grupo de cuatro personas quienes fueron detenidos y llevados a Flagrancia, donde les obligaron a firmar los documentos de sus derechos, sin permitirles leerlos. Eso ocurrió en Quito.

Pero los abusos que han registrado tienen diferentes lugares del país. Por ejemplo, en Sucumbíos, el 7 de octubre, "militares lanzaron bombas lacrimógenas, a personas adultas incluidos niños y niñas que hacen cadena humana sobre el puente de Lumbaqui. Varios jóvenes son detenidos, y sin pasar por una autoridad judicial son liberados en horas de la noche".

El 10 de octubre, militares y policías ingresaron a la comunidad Kichwa de Yanucocha, para informar que el paro había terminado y debían habilitar la vía que tenían cerrada las mujeres indígenas, ante la negativa de la comunidad, militares y policías lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la comunidad sin importar la presencia de niñas y niños, cuestionó la alianza.

Pero el reporte también prende las alarmas sobre malos tratos contra las personas que estuvieron privadas de su libertad y el riesgo de desaparición forzada. Así por ejemplo está el caso de dos hermanos que fueron detenidos y  "brutalmente agredidos por la Policía Nacional, su vehículo destrozado cerca a la Universidad Católica y, durante aproximadamente dos horas estuvieron dando vueltas en un patrullero de la Policía Nacional por la ciudad hasta que finalmente fueron liberados, sin que se haya formalizado la denuncia".

Las organizaciones afirman que los hechos más significativos que presentan son aquellos casos relacionados con el uso de armas, "en teoría, no letales" que fueron "usadas de manera indiscriminada contra el cuerpo de las personas, específicamente lesiones en partes vitales que han provocado no solo heridos de gravedad, incluso muertes".

En este grupo relatan el caso de F.I.E.M, un hombre adulto que salió a hacer un trámite por el sector de la maternidad, en Quito, el sábado, 12 de octubre, y recibió "un disparo de escopeta con perdigones por parte de la Policía a muy corta distancia contra esta persona".

A estas agresiones, asegura el informe, "se suman otras tres dirigidas en contra de mujeres, donde se confirma el uso de armas en poder policial y militar de manera desproporcionada y, además, dirigidas contra el cuerpo a distancias cortas provocando heridas graves, impactos psicosociales y también económicos a las familias". En ese grupo está S.Y.P.P., de 19 años, que vive en la comunidad indígena Ponce Quilotoa, en Cotopaxi. En Machachi fue impactada en su hombro por una bomba lacrimógena, quebrándole una clavícula. El objeto rebotó en dirección a su boca, destrozándole la mandíbula. Según el testimonio de su padre, recogido por los investigadores, ni el hospital de Machachi ni el de Latacunga atendieron la emergencia, obligando a la familia a llevarla a una casa de salud privada. Este caso no aparece en las cifras oficiales que se han emitido. También fue el caso de Jhajaira Urresta, presidenta de la Asamblea Barrial La Tola Baja. El 12 de octubre participó con más moradores de la zona en el “cacerolazo” con la intención de manifestarse por la paz. "Fuimos agredidos de forma brutal y sin piedad por elementos policiales. Uno de ellos con ira y rabia en su rostro a una distancia aproximada de un a dos metros apunta su arma a mi rostro e impacta en mi ojo izquierdo una bomba lacrimógena, la misma que destrozo mi ojo y provocó una hemorragia inmediata".

Plan V también ha publicado sobre el caso de Juan Olovacha, un joven universitario de Quinsapincha, quién fue impactado en su cabeza por perdigones. Está grave y ha quedado en estado vegetal.

Ahora publicamos otro testimonio de un joven que fue impactado asimismo por perdigones y su pulmón ha quedado gravemente afectado. De igual manera afirma que el agresor fue un policía.

   Testimonio  

"En mi caso dispararon a matar"

Mi nombre es Héctor Cañar. Tengo 26 años. Soy tecnólogo y trabajaba como técnico eléctrico. No puedo realizar mis labores por la cirugía que me hicieron.

"Mi agresión fue el sábado 12 de octubre. Ocurrió en el lado izquierdo del parque El Arbolito, por donde se encuentra la esfera de metal. Estábamos un grupo de manifestantes. Fui con mi hermana llevando una camioneta de donaciones. Era tarde y el Gobierno había decretado el toque de queda en Quito.

"La mayoría de personas se retiraron. Pero yo me quedé con mi novia. Eran las 16:30 cuando los policías empezaron a repeler a la gente. Estaban cerca a la Asamblea. Bajaron desde allí. Usaron bombas lacrimógenas, perdigones de goma, armas de fuego.

"Yo estaba con un casco de moto. Recibí un primer impacto en la cabeza. No vi con qué me dispararon. El casco me protegió. Pero en menos de dos minutos fui herido por perdigones de metal. "El disparo fue a poca distancia. Sentí el impacto en el pecho. Al inicio pensé que fue una bomba lacrimógena. Retrocedí y empecé a perder el conocimiento. Me alcé la camisa y vi cómo salía sangre por borbotones. 'Le hirieron', 'le hirieron', gritaron mis compañeros. Caminé unos metros y caí. No podía hablar. Sentía que me faltaba el aire, que me ahogaba. Me cubrieron con escudos. Mi novia llamó a los paramédicos y ellos fueron los que me dieron los primeros auxilios.

"Trataron de controlar la hemorragia, estaba perdiendo mucha sangre. Me introdujeron un tubo por la nariz para poder respirar y me estabilizaron. Me subieron a una camilla improvisada y me llevaron prácticamente por medio del campo de batalla hasta el hospital Eugenio Espejo. Uno de los socorristas iba adelante con una bandera blanca para que nos dejen pasar, porque los policías seguían disparando. Mi novia no pudo acompañar porque el protocolo es llevar solo al herido con la brigada de ayuda. Si iba otro civil era riesgoso.

"Entré por emergencia. Bajó el especialista de tórax y dijo que mi estado era crítico. El perdigón que me impactó dejó un diámetro de 4 cm y una profundidad de 1,5 cm. Me conectaron a máquinas y al oxígeno. Me pusieron un drenaje en el lado derecho para que salga la sangre que se estaba acumulando en mi pulmón. Me colocaron pintas de sangre. Me suturaron la herida sin sustraerme el perdigón. El cartucho explotó dentro de mí y los perdigones se esparcieron en mi pulmón derecho.

Me llevaron a una cama para seguirme valorando. Porque el fin de semana no atienden los médicos tratantes. Mi novia me acompañó el fin de semana. El dolor era muy fuerte. Sentía que tenía una varilla atravesada. No me podía parar ni sentarme. Recuerdo que cuando ingresé dos heridos más entraron conmigo. A uno le vi que tenía una abertura en el cráneo.

El lunes 14, los médicos pasaron el reporte clínico. Antes me hicieron una radiografía de mis pulmones. Allí se vieron los perdigones. Eran muchos. Me dijeron que la operación era muy riesgosa. Me tuvieron en observación. Pero mi cuerpo rechazaba el cartucho. No podía respirar, sentía que algo me roncaba en mi pecho. Mi pulmón se había encogido por completo. Con las terapias y el drenaje se estaba empezando a expandir. Fue un jueves cuando me sacaron el drenaje. Pero seguía con fiebres altas. Así que los médicos resolvieron operarme de emergencia porque mi cuerpo no reacciona.

Radiografías de los pulmones de Héctor Cañar donde se pueden ver los perdigones alojados.
Ver Radiografía 1, Radiografía 2

Me iban a operar el viernes 18, pero justo ha estado en remodelación el sector de los quirófanos. Y el área de cirugía torácico tenía habilitado los martes. Me intervinieron el martes 22. No me pudieron retirar todos los perdigones. Me dejaron 8 que no comprometían el pulmón. También me sacaron el cartucho que tenía en el pecho. Siguen evaluando mi pulmón. Descubrieron que tengo un hematoma. No sé si me retiraron una parte de mi pulmón o está completo.

Los médicos me han dicho que como soy joven, puede curarse mi pulmón con las terapias. Pero sino, podría perder todo el pulmón. Ya no podré hacer las mismas actividades físicas. Realizo instalaciones eléctricas que tienen su riesgo. Tal vez tendría que dedicarme a algo menos agotador.

Detalle de la operación a la que fue sometido luego de recibir impacto de perdigones.

Estuve hospitalizado 28 días. Salí el lunes que llegó la delegación de la CIDH. No pude ir a dar mi testimonio. He guardado reposo médico. Estimo que podré trabajar en unos tres meses. No tengo ningún seguro médico.

La represión fue muy fuerte. Sólo con usar bombas lacrimógenas era suficiente para dispersarnos. Espero del Estado que no mientan. Que hablen con claridad y asuman sus responsabilidades. El Gobierno dice que no ha ingresado a los hospitales heridos por armas de fuego. Pero yo soy un caso real. Me dispararon a matar prácticamente. Me trataron como a un terrorista, porque a los delincuentes por lo menos le dan la opción de que alcé las manos o que se tire al suelo. En mi caso dispararon a matar.