En poco más de 800 kilómetros cuadrados de vegetación subtropical acordonados por playas paradisíacas, el turismo -principal fuente de ingresos de la Región Autónoma de Madeira, Portugal- y el desempleo conviven con una ajetreada actividad empresarial que apenas deja beneficios en el archipiélago.
Funchal, la capital de Madeira, fue el lugar elegido por la mano derecha del dictador libio Muamar el Gadafi , Bashir Saleh Bashir, para establecer su empresa. También el de futbolistas como Mascherano, condenado por fraude fiscal, empresarios cubanos que despistan aquí el comunismo, y más de un centenar de españoles que gestionan sus patrimonios detrás de sociedades pantalla.
Más de un centenar de españoles que gestionan sus patrimonios detrás de sociedades”
Todas ellas con un denominador común: ingresan millones de euros y tienen como máximo un empleado -algunos identificados por la justicia como testaferros-, gastos de explotación mínimos y un domicilio compartido con muchas otras.
En el marco de una investigación periodística llevada a cabo por un grupo de medios internacionales, liderado por la radiotelevisión pública alemana ARD y al que pertenecen LaVanguardia.com, el diario francés Le Monde y la televisión pública austríaca ORF, publicamos una serie de reportajes sobre los titulares de estas empresas: hoteleros, compañías de importación y exportación..., pero también grandes fortunas que vieron en el régimen de la isla la posibilidad de ahorrarse importantes impuestos en sus países.
La ajetreada actividad empresarial apenas deja beneficios en la isla”
El exjugador del Real Madrid Xabi Alonso, el también futbolista José Enrique, el cotizado representante de jugadores Manuel García y el barcelonés despacho de abogados Pretus, desde el que se gestionó la apertura de decenas de empresas encontradas en los Papeles de Panamá, son el comienzo de una larga lista que se extiende más allá de las fronteras españolas.
Es, por ejemplo, el caso del ya retirado futbolista del Barcelona Boudwijn ‘Bolo’ Zenden, la hija del presidente de Angola, Isabel dos Santos, y la mano derecha del líder libio Muamar el Gadafi. Todo esto ocurre gracias al paraguas de la Unión Europea, que da cobijo y marco legal a un entramado financiero que escapa de los ojos del fisco.
Durante 19 años cualquier empresa establecida en la Zona Franca de Madeira estaba exenta de tributación”
Madeira es una de las nueve regiones ultraperiféricas de la Unión entre las que se encuentran también las Azores y Canarias y, por las dificultades para el desarrollo económico que entraña esta condición, goza de una serie de exenciones y bonificaciones fiscales, entre otras ayudas.
En el caso de Madeira esto se ha traducido durante 19 años en un impuesto de sociedades del 0%, es decir, que cualquier empresa establecida en la Zona Franca de la isla portuguesa -que ocupa toda su extensión- estaba exenta de tributación. Este marco legal de oro sedujo a hoteleros, empresas de importación y exportación..., pero también a grandes fortunas que vieron en el régimen de la isla la posibilidad de ahorrarse importantes impuestos en sus países. La historia se remonta a finales de los años 80.
“No lo convirtáis en un paraíso fiscal”
La Comisión Europea aprobó la aparición de la denominada Zona Franca de Madeira en 1987, dos años después de la firma del Tratado de anexión a la UE, bajo la condición explícita de que el territorio no se convirtiera en un paraíso fiscal. “Les recordamos que esta autorización [para la aplicar condiciones fiscales especiales] no significa de ningún modo la aprobación de la zona financiera ‘offshore’ que el gobierno de la Región Autónoma de Madeira tenía la intención de instaurar en la Zona Franca”.
Facilitando la creación de empresas se pretendía conseguir la dinamización del empleo en un territorio que todavía se encontraba en elevados niveles de pobreza y, que por su condición de isla ultraperiférica, sufre unas dificultades económicas añadidas, como escasez de tierras utilizables, dificultades de transporte, déficit de abastecimiento de agua y energías, elevado coste de infraestructuras, problemas demográficos y de desempleo…
Fragmento del permiso que la Unión Europea emitió para instaurar las condiciones fiscales especiales en la Zona Franca De Madeira en 1987
En 1997, Madeira tenía una tasa de desempleo del 3,5%, menos de la mitad de la que registraba Portugal y cinco veces menor a la española, que en aquel año era del 18,4%.
A pesar de que el portavoz de Competencia en la Comisión Europea, el portugués Ricardo Cardoso, insiste en una entrevista para esta investigación que “la Zona Franca de Madeira es un motor para la creación de puestos de trabajo”, los datos de hablan por sí solos. Madeira tenía en 2015 una tasa de desempleo del 14,7%, tres puntos porcentuales mayor que la de Portugal y un 320% superior de la que tenía en 1997. La intención no se tradujo en hechos. Porque ya se sabe: hecha la ley, hecha la trampa.
La Ley
Los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) conceden a Madeira unas ventajas fiscales “sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión”. Estas ventajas del archipiélago de Madeira se regulan en el decreto ley 165/86 que se ha ido endureciendo con el tiempo, fruto de un continuo tira y afloja entre las exigencias de la Unión Europea y las intenciones del gobierno de la isla.
Mientras la tributación era del 0%, el número de sociedades no dejó de crecer pasando de siete en 1988 -un año después de crearse la empresa pública para la promoción de la Zona- a 5.978 en 2000, momento álgido de la actividad y punto de inflexión de su marco legal.
Los impuestos fueron creciendo escalonadamente del 1% al 5% para las empresas que se iban incorporando cada año”
Al tiempo que se introducía el euro como moneda única común, la Unión Europea revisaba las concesiones para asegurarse de que, efectivamente, la isla no se hubiese transformado en el paraíso fiscal en el que ‘prometió’ no convertirse. Entre 2000 y 2002 la UE llevó a cabo una inspección después de detectar que, a pesar de que “alrededor de 4.000 negocios operaban en la zona”, estos “no empleaban a más de 1.000 personas”.
Tras esta investigación los impuestos fueron creciendo escalonadamente del 1% al 5% para las empresas que se iban incorporando cada año. Mientras, las antiguas mantenían sus privilegios adquiridos con anterioridad hasta una fecha límite en la que todas debían incorporarse a la nueva fiscalidad.
Esto provocó que a partir del año 2000 el número de empresas fuera descendiendo de forma drástica. Según la última modificación del decreto ley sobre los incentivos fiscales todas las compañías deberán aplicar desde 2020 un impuesto de sociedades del 5%, que se revisará en 2027.
La Trampa
Durante los 19 años que no se pagaron impuestos el único retorno económico que dejaban las empresas en la isla era una tasa anual de 1.000 euros que aún hoy deben abonar a la Sociedade de Desenvolvimento de Madeira (SDM), la empresa que gestiona desde 1987 la Zona Franca.
La SDM es una empresa compuesta un 25% por capital público y un 75% por capital privado. El principal accionista es el Grupo Pestana, un conjunto empresarial hotelero portugués que pertenece a Dionisio Pestana, quien pasó en pocos años de ser un hotelero arruinado de Funchal a uno de los hombres más ricos de Portugal y socio de Cristiano Ronaldo en uno de sus últimos proyectos.
Un puesto de trabajo en Madeira no es lo mismo que una persona empleada”
Esto se traduce en que los únicos beneficios directos para la isla quedaban en manos de esta sociedad. Según Roy Garibaldi y Nuno Teixeira, representantes de la SDM, la empresa no gana dinero: estos ingresos “cubren los gastos de funcionamiento de toda la estructura de la SDM” y los de “la promoción” del Centro Internacional de Negocios, el CINM, o la también denominada Zona Franca. “Para que te hagas una idea, gastamos más de 2,5 millones de euros al año”.
No existe ningún informe que determine el número de madeirenses que han conseguido trabajo gracias al CINM. Desde 2007 hasta 2015, la Zona Franca ha cubierto un promedio anual de 2.746 puestos en más de 3.611 empresas. Pero un puesto de trabajo en Madeira no es lo mismo que una persona empleada.
En las publicaciones del boletín oficial de Madeira - Journal Oficial da Região Autónoma da Madeira-, analizadas para esta investigación, se comprueba cómo los nombres se repiten una y otra vez: al menos 12 personas han trabajado en la última década para más de 100 compañías.
Son empleados de unas pocas gestoras que dan servicio a todas aquellas compañías que se quieran establecer en la isla aprovechando su “exención fiscal” y su “situación privilegiada como territorio perteneciente a la Unión Europea”. El caso más paradigmático es el de Roberto Luiz Homem, quien desde su despacho en un palacete colonial situado en una avenida con alta concentración de bancos y casas contables, ha gestionado al menos 323 empresas en la última década.
Los representantes de la SDM dicen que no saben cuántas personas han conseguido empleo gracias a la existencia de la Zona Franca de Madeira.
Los verdaderos beneficiados
Entretanto, fortunas de medio mundo sí han sabido sacar rédito del régimen fiscal del archipiélago. Aunque Madeira no está catalogada como paraíso fiscal -los territorios ‘offshore’ se caracterizan por su opacidad además de la exención fiscal- el marco legal internacional ha permitido a estas fortunas mover millones de euros con cierta discreción.
En este sentido José María Peláez, inspector de la hacienda española especializado en blanqueo de dinero, explica a LaVanguardia.com que, “aunque hay transparencia y acuerdos bilaterales para acceder a la información, hay que aportar una justificación para pedir el expediente de una persona”.
Hay que aportar una justificación para pedir el expediente de una persona”
Hasta ahora, los inspectores no tienen acceso libre a los movimientos de cuentas bancarias o empresariales en el extranjero.
Esto puede cambiar el 1 de septiembre de este año, cuando 30 nuevos países -entre ellos Portugal, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas y España- se adherirán al acuerdo del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, fundado por la OCDE, por el que el intercambio de información sobre cuentas superiores a 250.000 euros será automático. Eso sí, solo afectará a aquellas que estuvieran abiertas a finales de 2015 o hayan comenzado su actividad con posterioridad a esa fecha.
¿Es ilegal?
El hecho de tener una cuenta bancaria o una empresa en un territorio con exención fiscal no representa ninguna ilegalidad. Esto está especialmente justificado en el caso de multinacionales con actividad empresarial en la zona, como las hoteleras o las navieras, o aquellas dedicadas a la importación y exportación de artículos.
Las razones que llevan a una persona física a gestionar su patrimonio a través de estas herramientas financieras pueden ser más dudosas, pero legales siempre que declare en su país el dinero que tiene fuera y, por tanto, pague los impuestos correspondientes.
Es legal siempre que declare en su país el dinero que tiene fuera y pague los impuestos correspondientes”
En el caso de los residentes de España esto se traduce en comunicar a Hacienda los ingresos que reciben fuera, las acciones en empresas y la cantidad de dinero que tienen en cuentas extranjeras a través de la declaración de la renta o el impuesto de sociedades. A estas declaraciones solo tienen acceso la Agencia Tributaria, el propio interesado, y en su caso la empresa que lleve su contabilidad.
Una inspección de Hacienda sobre estos movimientos podría determinar que el contribuyente investigado ocultó ingresos a la Hacienda española.
Esta investigación desentraña redes empresariales que van de Madeira a Gibraltar o las Islas Vírgenes Británicas, con empresas pantalla dedicadas a actividades difícilmente comprobables. Sociedades que mueven millones de euros a través de cuentas en banca privada -en ocasiones a nombre de gestoras especializadas en offshore-, cuyas transferencias dan la vuelta al mundo antes de llegar a su destinatario.
Relacionadas
