El Ayuntamiento de Madrid de la época de Ana Botella (PP) falsificó documentos para reclamar una deuda al Ayuntamiento de Rivas por el vertido de sus basuras en Valdemingómez. Al menos eso es lo que denuncia el Consistorio de Pedro del Cura (IU), que interpuso el viernes una querella criminal contra el funcionario que firmó esos informes que atestiguaban que la capital llevaba años reclamando al municipio del sur un cánon por verter sus residuos y que no había pagado. Lo grave del caso es que el consistorio madrileño decidió demostrar esa supuesta reclamación que llevaba haciendo teóricamente durante décadas de una manera burda y torpe: presentando al juzgado unos documentos elaborados con la aplicación de procesamiento de textos WordPerfect y utilizando una impresora láser para fechar unos documentos que supuestamente se habían mandado a Rivas antes de que existiera el Word y la impresora láser. Esa es la contundente conclusión de un informe tecnológico pericial de la empresa Lazarus Technology, que Rivas presentó el viernes en el juzgado y sobre el que basa su querella.
No se trata de Regreso al futuro, aunque podría parecerlo. Se trata, según el alcalde de Rivas Vaciamadrid, de un delito de falsificación de documentos, prevaricación y de estafa procesal, “por lo que ahora nos toca salir a defendernos, porque la historia que hay detrás no se conoce”.
Del Cura se refiere a un pacto histórico que ha existido durante décadas entre ambos municipios -que Botella decidió saltarse- y que explica el por qué Rivas vierte su basura en Valdemingómez, el parque tecnológico donde van a parar todos los residuos de la capital y que desde finales de 2019 acoge también, temporalmente, los de la Mancomunidad del Este, a la que pertenece Rivas. La historia viene de lejos y se remonta a la época preconstitucional. Desde 1967 hasta 1978, el Ayuntamiento de Madrid vertió ocho millones de toneladas de basura de manera incontrolada en el entonces vertedero de Autocampo, situado en Rivas. Descontaminar aquella zona después costó 26 millones de euros, una cantidad de dinero que salió en exclusiva del municipio ripense. “Aquella injusticia con los vecinos de Rivas se intentó compensar después con un pacto verbal entre alcaldes”, cuenta Del Cura.
Enrique Tierno Galván, mandatario en la capital en 1978, eximió a Rivas de abonar las tasas correspondientes “en reconocimiento a aquella deuda medioambiental”, y todos los alcaldes de la capital, de diferentes colores políticos, han respetado el pacto durante décadas. Hasta que Botella llegó y empezaron los problemas para Rivas, un municipio de 94.000 habitantes. “Nos empezaron a reclamar las tasas que no se habían abonado desde 1986 hasta 2012, porque las anteriores ya habían prescrito, e intentaron demostrar que nos habían reclamado esa cantidad religiosamente”.
Según el informe pericial, los documentos que el Ayuntamiento de Madrid presentó al juzgado para reclamar esa bonificación son exactamente iguales desde 1986 hasta 2012, no cambian ni una coma, están firmados todos por la misma persona y, para colmo, están configurados con el WordPerfect e impresos con una impresora láser. Como el juez no contó en 2012 con este informe que ha aportado ahora Rivas, dictaminó que el Ayuntamiento de Madrid tenía razón y que Rivas debía pagar casi 10 millones de euros, en parte por los intereses de demora. Rivas dejó entonces de verter en Valdemingómez, empezó a trasladar su basura a Alcalá de Henares y empezó a pagar la deuda, de la que ya ha abonado 2,5 millones.
En 2017, con Manuela Carmena en la alcaldía de Madrid, Rivas volvió a llevar sus residuos a la capital madrileña, mucho más cerca que Alcalá, pero pagando, eso sí, la tasa sin ningún tipo de bonificación y con el compromiso de no incinerar sus residuos. Esa decisión ha sido cuestionada durante este mandato, con José Luis Martínez Almeida, a la hora de debatir si aceptaban la basura de la Mancomunidad del Este temporalmente, hasta que esté construida la planta de Loeches. "Solidarios con todos o con ninguno", defendió el actual alcalde.
“La tecnología disponible en 1987 no permitía crear un documento como el presentado con esa fecha y posteriores hasta varios años después”, analiza el informe pericial presentado ahora por Rivas. Además, los técnicos insisten, en lo referente a la impresión, en que “la tecnología necesaria para generar la serie de documentos con la resolución que presentan, no estando disponible en el mercado hasta el año 1995 como muy temprano”. “Se evidencia”, concluye, “que los documentos han sido creados en una época cercana y estos han sido predatados”.
Rivas ha presentado, por tanto, una querella criminal contra el funcionario del Ayuntamiento de Madrid que firmó aquellos documentos, “así como contra aquellas personas que a lo largo de la instrucción de la causa puedan resultar autores, cómplices o encubridores”.
Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram
