El Tribunal de lo Penal número 35 de Estambul accedió este miércoles a poner en libertad condicional al presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, que ha permanecido en prisión preventiva desde el pasado junio. El anuncio fue recibido por los abogados de la defensa con sonoros aplausos, si bien esta decisión no significa el fin del proceso: Kiliç continúa imputado y se enfrenta, junto a los activistas conocidos como los Diez de Estambul, a 15 años de cárcel bajo la acusación de pertenencia a organización terrorista y de ser miembro de la cofradía de Fethullah Gülen, el predicador islamista antaño aliado del presidente turco Erdogan pero actualmente su mayor enemigo.
“(Taner Kiliç) tiene buen espíritu, es una persona tranquila, pero lleva ocho meses en prisión y las condiciones en las que está encarcelado, en una celda hacinada, no son las mejores”, comentaba Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, a EL PAÍS a la entrada de la vista. Tras conocer la decisión judicial, Beltrán y sus compañeros de otras delegaciones de Amnistía Internacional que habían acudido a seguir el juicio marcharon hacia la prisión de Sakran, en la localidad de Esmirna, para recibir a Kiliç a su salida de prisión (desde la que seguía el juicio por teleconferencia).
Inicialmente, Kiliç fue capturado el pasado junio junto a otros 22 abogados en Esmirna, a los que se acusa de delitos parecidos y de estar involucrados en la cofradía gülenista —artífice, según el Gobierno, del intento de golpe de Estado de 2016—. Pero posteriormente su juicio fue subsumido en la causa contra los Diez de Estambul, una decena de activistas detenidos en julio del año pasado en la isla estambulí de Büyükada cuando asistían a un taller de formación. Los Diez de Estambul —entre los que se incluyen la directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, y los activistas Peter Steudtner (de nacionalidad alemana) y Ali Gharavi (ciudadano sueco)—, habían quedado ya en libertad con cargos, por lo que la liberación de Kiliç podía predecirse pese a las peticiones del fiscal encargado del caso de seguir manteniéndolo en prisión preventiva.
Más aún cuando la principal acusación contra Kiliç es que utilizó la aplicación ByLock, un programa cifrado de mensajería móvil distribuido ampliamente entre los gülenistas. Kiliç ha negado por activa y por pasiva su uso y, de hecho, tres informes periciales encargados por Amnistía Internacional demostraban que Kiliç jamás se descargó tal aplicación. Es más, la propia Fiscalía General de la República admitió recientemente haber acusado erróneamente a 11.480 personas en cuyos teléfonos se descargó la aplicación sin permiso del usuario.
“Con las abrumadoras pruebas de su inocencia y la inexistencia de indicios de que haya cometido ningún delito, la excarcelación de Taner debía haberse producido hace tiempo. El hecho de que lleve casi ocho meses entre rejas dice mucho sobre el deficiente sistema de justicia de Turquía y la implacable persecución de quienes defienden los derechos humanos”, denunció Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.
La purga de más de cien mil funcionarios en Turquía; el encarcelamiento de más de 50.000 personas acusadas de golpismo; la detención de los dirigentes de Amnistía y los demás activistas; así como la del filántropo y activista Osman Kavala el pasado octubre y la de la cúpula de un reputado sindicato de médicos esta semana (por criticar la operación militar turca contra el cantón kurdo-sirio de Afrin) han despertado fuertes críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos. También varios Gobiernos han mostrado su malestar y, de hecho, diplomáticos de doce países (España no) han estado presentes en la sala de juicios.
El proceso contra Kiliç y los Diez de Estambul “forma parte del intento de silenciar a la parte más crítica de la sociedad pues la sociedad civil turca es muy activa”, sostiene Beltrán, quien pide a los Gobiernos europeos que presionen a Turquía para que respete los derechos humanos por mucho que Ankara amenace con abrir las puertas de las vías migratorias. “Sería una tentación inmoral que por ese motivo no fueran más firmes en materia de derechos humanos. Los países más estables son los que cumplen con los derechos humanos. Y Turquía, si sigue por este camino autoritario se convertirá en un país más inestable, y eso tampoco le conviene a Europa”, añade.
