La sentencia del caso Palau recogió casi todas las tesis de la fiscalía: concluyó que, durante una década, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de forma ilegal mediante comisiones por obra pública pagadas por Ferrovial. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, absolvió a dos exdirectivos de la constructora de los dos delitos de los que estaban acusados: administración desleal y tráfico de tráfico de influencias; en este último caso, que es el delito vinculado a las mordidas, por prescripción.
La fiscalía ha emitido este lunes un comunicado en el que señala que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de lograr la condena de los dos directivos, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. El ministerio público "considera que no están prescritos los hechos imputados" a los dos antiguos cargos de Ferrovial, que pese a la contundente sentencia defiende que los concursos de obra pública le fueron adjudicados conforme a la ley.
La Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado una comparecencia pública -que se celebrará el próximo 5 de febrero- para solicitar "medidas personales" contra cuatro de los condenados en la sentencia del caso Palau. En particular, contra los dos saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet (9 años y 8 meses de cárcel) y Jordi Montull (7 años y 6 meses), la fiscalía podría solicitar su ingreso en prisión provisional hasta que haya sentencia firme. La fiscalía también prevé pedir medidas contra la exadministradora financiera de la institución musical, Gemma Montull, y contra el extesorero de Convergència, Daniel Osácar. Ambos fueron condenados a penas algo inferiores a los cinco años.