La ministra de Defensa asegura que la seguridad nacional no se vio afectada porque no fueron sustraídos datos considerados secretos
21 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Tres años después de que el móvil de Pedro Sánchez y de otros miembros de su Gabinete fueran hackeados con Pegasus, el Gobierno facilitó este lunes por primera vez algunos datos sobre el contenido de la información sustraída entonces. Margarita Robles reveló ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso que el sistema espía —que infectó el móvil del presidente, el de ella misma y el de Fernando Grande-Marlaska— no robó «información legalmente clasificada como secreta o reservada», o sea, secretos de Estado, aunque sí que se apoderó de «datos personales» y de la «intimidad» de los titulares de esos teléfonos.
La ministra de Defensa, especialmente locuaz frente al secretismo del Ejecutivo en este asunto durante los últimos años, reveló que la información sustraída afectaría a la «intimidad» del presidente y sus dos ministros.
«De la información analizada por el Centro Criptológico Nacional (CCN, el corazón tecnológico del CNI) de las infecciones no hubo exfiltración de información clasificada como secreta o reservada, por lo que no hay afectación alguna de la seguridad nacional», insistió.
Según la ministra, en las informaciones remitidas por el Gobierno el 24 mayo y 23 agosto del 2023 al Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, que investiga estas infecciones, se dejó claro que no cabía ninguna desclasificación de documentos relacionados con el robo de la información porque no fueron sustraídos datos que tuvieran esa consideración oficial de «secretos».
Lo que no aclaró lo más mínimo Margarita Robles en el Congreso es quién pudo estar detrás del robo de información con este sistema de espionaje de la empresa israelí NSO Group, un malware que solo está en poder de algunos Estados. La titular de Defensa afirmó que no «caben especulaciones» ya que todavía no hay ninguna autoría «debidamente probada».
Espionaje en Francia
La ministra desveló que el juez del caso, José Luis Calama, pidió al Centro Criptológico Nacional un «informe de carácter técnico» para determinar si las «infecciones» al Gobierno pueden tener el «mismo autor» de los hackeos a multitud de personalidades en Francia. La información sobre robos de datos con Pegasus en el país vecino que ha sido remitida por el Gobierno de París a la Audiencia Nacional precisamente provocó a finales de abril que Calama reabriese el caso, que se había archivado de forma provisional en julio del 2023 por la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel.
El juez recibió el pasado mes una orden europea de investigación emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país galo en el 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados con ese mismo software. Esa investigación al otro lado de la frontera apuntaría igualmente a los servicios secretos de Rabat como responsables.
Las fechas de las infecciones en Francia son muy similares al ataque a los móviles del Gobierno español. El dispositivo de Sánchez fue espiado por Pegasus en dos ocasiones —el 19 de mayo del 2021 y el 31 de mayo del 2021—con un robo de información de 2,6 gigas y 130 megas.