El Caso SAT: el legado de la inteligencia militar

La noticia sobre las capturas de una estructura criminal que controlaba las Aduanas, y que se escudaba en puestos públicos con el aval del Ejecutivo, ha conmocionado el país. El capitán (retirado) Juan Carlos Monzón, secretario de la vicepresidenta Baldetti, era el que manejaba desde el Ejecutivo la estructura. Según noticias, desde los años noventa estaba en una banda de robacarros, junto con Byron y José Moreno, hermano y sobrino respectivamente del militar y narcotraficante Alfredo Moreno Molina, jefe de la Red Moreno. Esta estructura tenía vínculos con una importante línea de inteligencia militar asentada en el sistema de seguridad del gobierno del MAS, del FRG y de manera sui generis en el actual gobierno. En el presente caso, la presencia de militantes de la extrema derecha como Luis Mendizabal y del representante legal del periódico Siglo21 complementan el abultado cuadro.

Por Rodrigo Véliz

Esto viene a sumarse a las problemáticas en torno al partido de gobierno, que en las últimas semanas se encuentra en intensas pugnas por lograr candidaturas para las elecciones de septiembre de este año. Según una publicación de Contrapoder, Sinibaldi está decidido a dejar el Partido Patriota y postularse con el Movimiento Reformador, un partido formado en 2002 con las bases de la Cámara de Comercio de Jorge Briz, que tras comprar la ficha le pertenece. Junto a Sinibaldi se podrían ir más de 100 alcaldes y 23 diputados, indica la publicación.

Lo que también significaría que buena parte de la Cámara de Industria y el G-8, que han apoyado al PP durante los últimos 10 años, estarían fuera de la alianza con el oficialismo. Un golpe muy fuerte en términos de financiamiento.

El caso SAT viene a sumar a otros en donde se ha denunciado la presencia de estructuras paralelas dentro del actual gobierno: el caso de Byron Lima y su relación con Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación; la misteriosa muerte del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, luego de ser acusado en fuero interno del ejército por haber desaparecido cientos de granadas; el velado apoyo al Cartel de los Huistas, del que se acusa al PP; y el papel del diputado oficialista Gudy Rivera en la elección a jueces el año pasado.

A meses de tener que decidir sobre la prórroga a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en medio de presiones por parte de Estados Unidos de hacerlo, y a punto de iniciar las elecciones, el presidente Otto Pérez Molina se encuentra en un franco jaque.

¿Qué era la Red Moreno?

De la noticia sobre la estructura La Línea, algo que llama poderosamente la atención es la presencia de un miembro de la antigua Red Moreno. Se trata de Francisco Javier Ortiz Arriaga, miembro del Grupo Salvavidas y la red Moreno, según dejó claro el comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG.

La Red Moreno fue, según los archivos judiciales que encontró la organización WOLA y una vieja investigación de el Periódico, un grupo compuesto por oficiales del ejército y funcionarios del gobierno encargado de controlar las aduanas del país. Muchos de sus miembros habían formado parte de los grupos de inteligencia militares conocidos como La Cofradía y El Sindicato, vinculados al general (r) Francisco Ortega Menaldo y el general (r) Otto Pérez Molina, respectivamente.

La Red Moreno fue uno de varios engendros que nació dentro del Estado militar, en la década de los setenta. Los generales (r) Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo fueron los arquitectos de una poderosa organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas. En esos años, el ejército de Guatemala estableció una oficina para detectar el tráfico de armas y municiones destinadas a grupos de la izquierda armada. Al consolidarse, la estructura se sirvió de su presencia y poder dentro del Estado para llevar a cabo operaciones de contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El salvadoreño Alfredo Moreno Molina era parte de este grupo, que fue capaz, según los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002, de controlar el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancías que se movían. Tomaban control de los contenedores y eran devueltos al propietario después de pagar una suma de dinero. Este dinero era repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas Públicas, el ejército y el Ministerio Público.

Se concluyó en los juicios que Moreno no había pagado impuestos sobre más de Q80 millones al mes por un periodo no menor de 10 años.

Dentro de ese grupo se formó, a fines de la década de 1980, otro: el Grupo Salvavidas. Este fue un esfuerzo más concreto y visionario. Buscaban una red de hombres con influencia y conexiones en todas las instituciones importantes del Estado guatemalteco.

Fue hasta el gobierno de Álvaro Arzú que la red fue atacada. El Ministerio Público encontró más de 50 carnés de diferentes instituciones estatales, todas con las fotografías de Moreno. La evidencia implicó a varios militares de alto rango, entro los que destacaba el general Luis Francisco Ortega Menaldo, el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, el general Roberto Eduardo Letona Hora, el mayor José Fernández Ligorría, el coronel Salán Sánchez, Alfonso Portillo, el general Efraín Ríos Montt, el coronel Napoleón Rojas Méndez, el mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong, luego electo magistrado de la Corte de Constitucionalidad durante los años de Portillo.

La relación con Alfonso Portillo era importante: el 16 de septiembre de 1996 Portillo admitió haber recibido de Moreno Q70 mil para su campaña.

Luego de la victoria del FRG y de Portillo en la presidencia, el nuevo fiscal general, Rodolfo González Rodas, decidió suprimir la unidad de casos especiales que se había estado encargando del caso de Moreno y que había investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ríos Montt. En 2001 Moreno pagó un Q1 millón como fianza y fue dejado en libertad.

Francisco Javier Ortiz Arriaga, arrestado por la CICIG, sería de los herederos de esta red paralela.

Las aduanas y el pasado de un testigo protegido

La presencia de Francisco Ortíz Arriaga en la estructura es una sorpresa que viene a apoyar varias hipótesis que por muchos años se han estado barajando. ¿Quién es Ortíz Arriaga?

Cuando en 1996 se intentó desarticular a la Red Moreno, Francisco Ortíz Arriaga, funcionario de aduanas, salió entre los capturados. Según una investigación para el Hemisphere Initiatives, el ex funcionario aceptó cooperar con las diligencias del Ministerio Público y proporcionar detalles sobre la estructura de la banda y sus principales operaciones. Con la información que dio Ortíz, se pudo corroborar la participación de los generales retirados Manuel Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo, que como oficiales de inteligencia controlaban la red que Moreno dirigía.

El trabajo de Ortíz Arriaga le valió su libertad. Pero casi 20 años después volvió a ser capturado por el mismo delito.

Desde el inicio del actual gobierno, la vicepresidenta Roxana Baldetti mostró gran interés en las aduanas, al presionar por contrataciones al entonces jefe de la SAT, Miguel Gutiérrez. A inicio de octubre de 2013, el Ejecutivo analizó la posibilidad de intervenir las aduanas, ante la denuncia de empresarios por pagos indebidos y los problemas fiscales que desde el inicio de su gobierno ha tenido el gabinete de Pérez Molina. El 15 de ese mes Pérez Molina y Roxana Baldetti, a través de la Comisión Nacional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Conacon, coordinada por Baldetti), informaron que preparaban los requerimientos legales para la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con un enfoque en la Intendencia de Aduanas. En comunicación oficial, Baldetti dijo: «No será fácil, vamos a darle seguimiento para que la intervención valga la pena, especialmente para los empresarios e industriales del país que generan desarrollo y empleo».

Lo que al final se llevó a cabo fue una intervención operativa, en donde 400 policías y 650 militares fueron desplegados en cinco aduanas. Para la intervención se nombró a Claudia Méndez Asencio (ex Jefa Fiscal de Santa Catarina Pinula, y cercana a Baldetti, según Contrapoder) y en la Empresa Portuaria Quetzal se nombró al ex militar Carlos de Jesús Lainfiesta.

La idea era recaudar más de Q10 mil millones que el fisco perdía. Pero los resultados fueron otros. Para noviembre de 2013, empresarios de la Cámara Empresarial de Comercios y Servicios (Cecoms), parte del CACIF, y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) hicieron ver que los tiempos de descarga se habían duplicado, y en algunos casos triplicado. A fines de ese año, la recaudación de IVA a las importaciones tenía un agujero de Q673.6 millones. Y al siguiente año, según cifras de la SAT, se veía una reducción de un 10.2%.

Tras la captura de la estructura, uno de los primeros en pronunciarse fue Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio (que representa a los importadores) y del CACIF, quien también se ha mostrado a favor de la continuidad de la CICIG en el país.

La segunda parte de la investigación, sin embargo, según se dijo en la primera audiencia del Caso SAT, sería investigar a los importadores que fueron clientes de esta red.

Miembros de la Red Moreno, de la vicepresidencia, de la SAT y aduanas, y empresarios. ¿Cómo se armó esta alianza?

¿Se rompe la alianza de dos redes de inteligencia militar en el gobierno?

Lo importante del historial de la Red Moreno es una: no fue disuelta ni sus principales miembros encarcelados. Las aduanas, siguiendo lo que la CICIG pronuncia, siguieron controladas.

Una minuciosa investigación realizada por El Observador en 2012 llamó la atención sobre algo que no tuvo repercusiones en los grandes medios de prensa: No sólo habían sido los militares los que llegaron a gobernar con el Partido Patriota; eran los militares de inteligencia.

Y lanzaron una hipótesis: siguiendo el rastro de los nombramientos en los principales puestos del sistema de seguridad e inteligencia del Estado, se podía pensar que el gobierno de Pérez Molina era una alianza de dos redes de inteligencia militar, históricamente peleados pero ahora unidos para hacer gobierno. ¿El símbolo de la alianza? Roxana Baldetti, secretaria de comunicación del ex presidente Serrano Elías, gobierno que aglutinó por última vez esas dos redes de inteligencia.

La hipótesis de El Observador decía que se dio una repartición entre las dos redes. Tanto la gente que había sido cercana a Pérez Molina en su paso por la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Presidencia (D-2, con Serrano Elías, 1991-1993) y a cargo del Estado Mayor de la Presidencia (EMP, con de León Carpio, 1994-1995), como la cercana al oficial de inteligencia, general (r) Francisco Ortega Menaldo, en su paso por buena parte del sistema de inteligencia militar y el EMP, armaron una sistema de pesos y contrapesos en puestos en seguridad.

Ministerio de Gobernación, Sistema Nacional de Seguridad, Secretaría de Inteligencia Estratégica, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Coordinara Nacional para la Reducción de Desastres, Dirección General de Inteligencia Civil; todas, instituciones en donde se ubican oficiales de inteligencia y contrainteligencia militar de ambas redes.

«Lo que destaca en esta sui géneris conformación es que, con excepción de Pérez Molina, todos tenían lazos comunicantes con Ortega Menaldo y, excluyendo a López Bonilla, también pertenecían a la llamada “Cofradía”», cierra la investigación.

La presencia de Francisco Ortíz Arriaga, vinculado a la Red Moreno y presente en la red del secretario de la Vicepresidenta, sería una especie de vínculo entre redes. Y lograría seguir la línea planteada por la hipótesis sobre la relación de esa red de inteligencia con el actual gobierno. La captura de personas vinculadas a Roxana Baldetti, lazo comunicante entre las dos redes pero más fiel a la de Ortega Menaldo (según ha dicho elPeriódico, antes cercano a Pérez Molina), puede llegar a afectar una alianza que tardó más de 25 años en lograrse, y que por momentos durante este gobierno se ha visto cuestionada, según un analista consultado.

Y la pregunta más complicada para la CICIG y la estabilidad del país: Luego de lidiar con los empresarios que fueron clientes de la red La Línea, ¿seguirán los altos mandos aun activos de la Red Moreno? O más aún, ¿qué relación tiene esto con la elección de las altas Cortes (2014-2019) donde se habló tanto de la participación de Pérez Molina y Baldetti Elías en la cooptación de magistrados a través de operadores como Gustavo Herrera y el militar (r) Juan de Dios Rodriguez, presidente del IGSS?