¿Quién está detrás de los homicidios de excombatientes de las Farc?

A lo lejos parecía una conmovedora peregrinación. Niños al hombro, enseres amarrados con cabuyas, gallinas en guacales y un par de chivas atravesaban las montañas de Antioquia en medio de la pandemia. En realidad, se trataba de un éxodo inmisericorde, toda una aldea de cerca de 100 excombatientes que tuvo que trasladarse de Ituango a Mutatá porque no tenían garantías para permanecer con vida en la tierra que el Estado les había asignado tras la firma del proceso en La Habana.

Aterran los episodios de asesinatos, atentados y amenazas, muchas veces eclipsados por el coronavirus. La paz yace en cada uno de los 224 ataúdes sepultados desde que las Farc firmaron con el Gobierno el fin de una guerra de 50 años. Además, van 12 desapariciones forzadas y 236 excombatientes amenazados de muerte. Todo ese panorama y sobre todo los 224 asesinatos imponen un debate crucial: ¿se trata de demasiados casos individuales o de un fenómeno macrocriminal incontenible?

El ataque más reciente ocurrió hace dos semanas en zona rural de Urrao, Antioquia. Pasadas las seis de la tarde, unos hombres armados se enfrentaron con el esquema de seguridad de José Ignacio Sánchez, exguerrillero de las Farc y promotor del partido político en el noroccidente del país. Allí murieron Uldano de Jesús Castillo, reincorporado de la antigua guerrilla, y un escolta de la Unidad de Protección llamado Yoimar Jiménez, hermano de otro excombatiente. Con ese episodio van 25 ex-Farc asesinados solo en Antioquia.

Apenas un par días antes, en el extremo sur del país, tuvo lugar otro crimen escalofriante. Ocurrió en el corregimiento El Diviso, en Barbacoas, Nariño. Hombres armados, que se identificaron como la columna Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, irrumpieron en la casa de dos reincorporados, los hermanos Fredy Danilo Zambrano Hurtado y Héctor Alfredo Zambrano. El primero logró huir, pero le dejaron la advertencia de que le daban solo unas horas para abandonar la región con toda su familia. A Héctor Alfredo se lo llevaron sin explicaciones. Todo apuntaba a que sería otro caso de desaparición forzada. Pero no. Tres días después las autoridades hallaron en zona rural su cadáver abaleado.

No hay una respuesta unánime. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, más conocido como Farc, no duda en señalar que se trata de un fenómeno sistemático que califica de “exterminio”. La Fiscalía, por su parte, llama a la “prudencia”; advierte que los conceptos de sistematicidad y generalidad tienen implicaciones legales, pues atañen a crímenes de lesa humanidad y están enmarcados en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Gobierno tampoco admite esa categorización. Pero sí concuerda con todos en que la matanza a cuentagotas ataca como un tumor apremiante al Acuerdo de Paz, por lo que hay que extirparlo antes de que el daño sea irreversible. Al respecto, la Misión de Verificación de la ONU dijo hace unos días, al rendir cuentas ante el Consejo de Seguridad en Nueva York, que “la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo y contra quienes defienden los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia”.

Los que disparan

La Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía informó a SEMANA que al 15 de julio contabilizaba 250 “afectaciones contra la población reincorporada”. Se trata de 202 asesinatos, 36 tentativas de asesinato y 12 desapariciones forzadas. Frente a eso, ha conseguido condenar a 28 personas como responsables de 30 muertes. Hay otras 13 sentencias condenatorias que corresponden a otros delitos. Evidentemente, esclarecen pocos crímenes: de cada 100 excombatientes acribillados la Fiscalía solo logra resolver y castigar 14,8 casos.

Las facciones disidentes de las Farc son las principales responsables de la violencia más atroz contra los exguerrilleros. Las autoridades las reúnen bajo la sigla Gaor, que significa Grupos Armados Organizados Residuales. A estos les atribuyen un poco más de la mitad de los crímenes contra excombatientes. Así mismo, están identificadas las zonas más críticas. Territorialmente, los hechos se han registrado en 20 departamentos, además de Bogotá. Pero tan solo ocho concentran el 80 por ciento de los crímenes así: Cauca (18,15), Antioquia (11,29), Nariño (12,9), Norte de Santander (8,8) Caquetá (8,06), Putumayo (8,06 por ciento), Meta (6,85) y Chocó (6,45).

Un informe de la Fiscalía entregado a SEMANA precisa que siete disidencias principales asesinan excombatientes: la Dagoberto Ramos, que actúa en Cauca y Tolima; la estructura Guerrillas Unidas del Pacífico, que opera en Nariño; el frente 18, con influencia en Antioquia y Córdoba; la estructura Jaime Martínez, también de Cauca; la Teófilo Forero, del Huila; el frente 7, que delinque entre Meta y Guaviare, y la estructura Oliver Sinisterra, también de Nariño. A esos siete grupos les atribuyen casi el 60 por ciento de los ataques contra la población reincorporada.

Pero no son los únicos. Hay otras facciones disidentes con menor impacto, además de grupos armados como el mencionado Clan del Golfo, el ELN, el EPL, los Pelusos y los Caparros. Todos luchan a sangre y fuego por el control de cultivos de coca, rutas para el narcotráfico, minería ilegal y rentas extorsivas. “A través de nuestro monitoreo en los territorios hemos podido observar que la presencia de estos grupos armados ilegales junto con las economías ilegales, las condiciones socioeconómicas y la limitada presencia del Estado están impactando la seguridad y, por ende, la implementación del Acuerdo de Paz”, dice Carlos Ruiz-Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El país es un hervidero de bandas que buscan copar los territorios que alguna vez controlaron las Farc. Ese complejo panorama lleva a la Fiscalía a considerar que la violencia contra los exguerrilleros tiene una “explicación multicausal”.

Uno de los indicadores más preocupantes dibuja la curva en ascenso de los homicidios sobre la línea de tiempo. Mientras que en 2017 hubo 31 asesinatos, en 2018 subieron a 66 y en 2019 llegaron a 77. En los siete meses que van de 2020, ya hubo 47. “Hay que reconocer un proceso de deterioro de la seguridad de los excombatientes. Con la tendencia actual todo indica que este año tendremos al menos el mismo número de casos del año pasado, o más”, dice Juan Carlos Garzón, director de área de dinámicas del conflicto en Ideas para la Paz.

El peligro que afrontan los exguerrilleros tiene una característica reciente e inquietante: de unos meses para acá los atacan dentro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), o prácticamente a las puertas de estos. El Proceso de Paz sacó de la guerra a 13.349 integrantes de las Farc. El grueso de estos se concentró en 24 ETCR creados para que los exguerrilleros transitaran colectivamente hacia la reincorporación apoyados en proyectos productivos y de capacitación en destrezas laborales. Para el Gobierno, los espacios territoriales son zonas temporales “de transición”, en muchos casos mal ubicados, un error heredado, factor clave tras el contexto de violencia que los amenaza. Por su parte, los excombatientes siempre consideraron los asentamientos lugares de arraigo donde vivirían dedicados a trabajar en la legalidad y en paz.

El caso de Ituango ha visibilizado esas tensiones quizá como ningún otro. El ETCR en ese punto, en el norte de Antioquia, dejó de existir hace dos semanas cuando un centenar de excombatientes, acorralados por la violencia, no tuvieron opción distinta a trastearse 350 kilómetros más al occidente del departamento. Se fueron tras haber visto caer asesinados a 11 exguerrilleros y a siete de sus familiares. La situación se venía agravando progresivamente y se hizo insufrible la primera semana de julio, cuando murió acribillado Camilo Sucerquia Durango, de 15 años, hijo de una exguerrillera. El jovencito apareció abaleado a la orilla de una vía, con otras dos personas: William Pérez, conductor de un bus escalera, y Carlos Barrera, su ayudante de 17 años.

El Ejército atribuyó el triple crimen al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas. Se trata de la mayor organización neoparamilitar del país, con al menos 3.500 hombres en armas y resueltamente dedicada al narcotráfico, aunque sin soltar la minería ilegal de oro y la extorsión. El Clan disputa a muerte con el frente 18 de las disidencias de las Farc los corredores estratégicos del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Es un territorio bisagra y definitivo para controlar cultivos, laboratorios y rutas de narcotráfico. A su vez, la Séptima División del Ejército combate ambas estructuras. Estar en ese punto hizo del ETCR de Ituango un proyecto fallido. Los excombatientes se trasladaron a Mutatá, a ocho horas de carretera, donde el Gobierno alquiló un par de terrenos para emprender un nuevo asentamiento.

“La Farc, de manera irresponsable, dice que hay negligencia del Estado. La realidad es que tenemos unos enemigos salvajes: los disidentes y las bandas de narcotráfico”, dice Emilio Archila, consejero presidencial para el posconflicto. Recalca que 75 por ciento de los homicidios contra reincorporados han ocurrido en zonas en disputa. El funcionario sostiene que aunque es difícil mostrar lo “contrafactual”, no hay que perder de vista al menos dos consideraciones: 1) Que en los crímenes no están involucrados agentes del Estado, con excepción del caso de Dimar Torres. 2) Que durante la campaña electoral de 2019 no hubo excombatientes candidatos asesinados o secuestrados.

El director del partido Farc, Rodrigo Londoño, se salvó de un atentado, oportunamente desactivado por las autoridades. Patricia Linares preside la JEP. El tribunal le ordenó al Gobierno, concretamente al consejero para el posconflicto,
Emilio Archila, tomar acciones concretas para garantizar la seguridad de los excombatientes.

Al tiempo que se trasteaba la aldea de Ituango a Mutatá, ocurría un nuevo crimen en otra zona polvorín para los excombatientes: Algeciras, Huila. Hombres armados llegaron en cinco motos y dos camionetas 4x4 blancas a la vereda Quebradón. Fue una matanza en cámara lenta. Los asesinos, como en otros casos, no tenían prisa. Llegaron pasadas las ocho de la noche a la finca de la familia de Nencer Barrera, excombatiente de las Farc y ahora escolta de la Unidad Nacional de Protección. Los criminales, miembros de las disidencias, registraron la vivienda ubicada cerca de la carretera, donde estaban Édison Sebastián Moya, de 16 años, y Luz Stella Burgos, de 35. Les ordenaron salir y, en medio de su llanto, los mataron. Después pasaron a la finca vecina y de la misma manera asesinaron a Juan David Gómez, de 25 años, y a Luis Eduardo Gómez, de 22. En medio de las balas, un hombre de 59 años y un niño de ocho lograron escapar heridos. Al final, cuatro muertos y dos lesionados; su pecado: su cercanía con el excombatiente.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en Huila han muerto siete excombatientes y el municipio de Algeciras es el más afectado. El 15 de diciembre de 2019 apareció en zona rural un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Medicina Legal requirió un trabajo minucioso para establecer que fue un asesinato y que se trataba del cadáver de Carlos Lee Patiño, excombatiente de las Farc.

El 21 de febrero, hombres armados llegaron a la vivienda de Esder Pineda Peña, también ex-Farc, y lo acribillaron allí mismo. Otros dos excombatientes se salvaron de milagro de atentados a bala y al menos una decena huyó tras recibir amenazas de muerte. Algeciras tiene una posición estratégica, pues conecta al Huila con Caquetá. En la época del conflicto armado era el centro de operaciones de la columna móvil Teófilo Forero. Las disidencias y demás grupos criminales no están dispuestos a perder el control de ese enclave crucial para el narcotráfico.

El partido Farc solicita al Gobierno, cuanto antes, promover un gran pacto político en defensa de la paz y, al mismo tiempo, activar todos los instrumentos del Estado para brindar seguridad a los excombatientes. Pastor Alape, delegado de la extinta guerrilla ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de Acuerdo de Paz (Csivi), opina que sin acciones contundentes del Gobierno no se podrán desmontar las estructuras armadas y, en consecuencia, “va a ser muy difícil detener la criminalidad que se cierne sobre los firmantes del acuerdo de paz”.

La semana pasada, luego de dos audiencias que constataron las graves condiciones de inseguridad que amenazan a los excombatientes, la JEP le ordenó al alto comisionado para la paz, al consejero presidencial para el posconflicto y a la Unidad Nacional de Protección “llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad y vida de los reincorporados”. Efectivamente, la delicada situación exige que el Gobierno tome medidas urgentes y eficaces para detener el inventario sangriento de excombatientes sacrificados. Sus muertes hieren la paz.