El Tribunal Constitucional y la destrucción de la democracia. El Partido Popular debe responder

Es una evidencia conocida que la democracia solo existe cuando se da una división de poderes, de forma que el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sean independientes uno del otro y además funcionen con unas atribuciones y requerimientos que hagan posible el equilibrio entre los tres. En la medida en que esto se realice, la democracia como práctica estará garantizada.

En este ámbito la mayoría de los países tienen una instancia suprema independiente de aquellas tres, con una misión decisiva y a la vez muy restringida: interpretar si las leyes y políticas que se llevan a cabo son acordes con el texto constitucional.

En nuestro país esta tarea la tiene asignada el Tribunal Constitucional que, por su misma naturaleza, no es un organismo jurisdiccional.

En la práctica, aquel equilibrio en España ha sido progresivamente desvirtuado. Las modificaciones en la forma de elegir los jueces les han vuelto muy dependientes de los partidos mayoritarios y, por tanto, del Gobierno, de tal forma que, de manera impúdica nos hemos habituado  a un vocabulario que los califica de progresistas o conservadores en función de si han sido elegidos por los socialistas o los populares.

Esta circunstancia, desarrollada de forma abusiva, es la que determina la actual crisis del Consejo General del Poder Judicial, que es muy grave dado que afecta a la institución de gobierno del Poder Judicial de los jueces.

Antes se había resuelto la que también atenazaba al Tribunal Constitucional con su no renovación, hasta que ésta se produjo y dio lugar a una abrumadora mayoría de los  magistrados elegidos por el gobierno, que además manifestaban por su procedencia, no ya mediante una afinidad en el terreno de las ideas, sino con una clara militancia partidista. Las consecuencias de esta decisión son las que hoy ponen en riesgo nuestra práctica democrática.

Una práctica que ya viene muy deteriorada por la progresiva colonización en términos muy descarados, el legislativo por parte del ejecutivo, de manera que se han pervertido en gran medida sus funciones, desde la mesa que rige el Congreso de los Diputados, hasta los procedimientos legislativos, pasando por el funcionamiento de las comisiones.

Todas estas dinámicas se han exacerbado con el paso de Sánchez por el gobierno. A ello hay que añadir un vicio congénito de la propia regulación del ejecutivo en España, que determina  que el presidente del Gobierno posee un poder tal, una acumulación de funciones tan desmedida, que es lo más parecido a un régimen presidencialista sin serlo.

Pero, lo más grave está ocurriendo ahora con la transformación espuria del Tribunal Constitucional en cuarta instancia gubernamental, que se autoatribuye una capacidad de legislar ex novo, que lo convierte en una instancia legislativa que, a diferencia de la democrática, por ser suprema carece de control.

Hasta ahora, lo más lejos que había ido el constitucional en su interpretación de la norma máxima, sucedió en el 2012, con la reforma del Código Civil,  que legalizaba la unión de personas del mismo sexo bajo la figura del matrimonio. Al hacerlo así, contrariaba el fundamento de la lógica aristotélica que sigue presidiendo nuestra ética, aunque cada vez menos, cuando establece que “la peor forma de desigualdad es querer hacer igual lo desigual “. Porque es evidente que la unión de un hombre y una mujer constituye una realidad muy distinta a la unión de dos hombres o dos mujeres.

Pero el más alto tribunal avaló el cambio en una interpretación constitucional que abandonaba cualquier intento de aplicación literal de la norma y practicaba una interpretación sociológica, atribuyéndose el criterio de que como la sociedad lo aceptaba podía asumirse.

Pero los magistrados de entonces fueron cuidadosos con el respeto a las atribuciones del propio tribunal y no llegaron a esta conclusión como una norma positiva, sino que se limitaron a aceptar la constitucionalidad de la ley porque no encontraban en la Constitución nada que se opusiera a la misma. No la consagraban como un derecho de nueva planta, simplemente consignaban que el texto constitucional no prohibía que el matrimonio pudiera realizarse entre personas del mismo sexo, y el legislativo quedaba libre en un futuro de legislar en sentido opuesto.

Pero ahora, con las leyes conflictivas y polémicas de la eutanasia y el aborto,  que además han sido llevadas a cabo mediante aquel abuso parlamentario al que nos hemos referido antes, ha declarado su constitucionalidad, atribuyéndose una interpretación de la Constitución que configura un derecho de nueva creación.

Ya no se trata de que los textos no sean inconstitucionales y que esto pueda dar pie a diversas interpretaciones, se trata de que el Tribunal establece un muy amplio derecho a la autodeterminación que exige el reconocimiento jurídico del deseo del individuo.

Si un individuo desea que lo maten o suicidarse,  si la mujer decide la muerte de su hijo mediante el aborto, este deseo forma parte de un nuevo derecho,  que además, por serlo, lo blinda ante futuras decisiones del legislativo en sentido contrario, impidiendo que pueda modificarse. Solo cuenta en la eutanasia y en el aborto, y en el suicidio asistido  la autodeterminación de la persona sin ninguna consideración de otro tipo.

Añadiendo además, que el ser que se encuentra en el vientre de la madre es solo «una vida en formación”  que asigna una nueva categoría al embrión, al feto, al inmaduro

El derecho a la vida que establece la Constitución desaparece y la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional en la primera sentencia sobre el aborto, que establecía un cierto equilibrio entre los derechos del nasciturus y los de la mujer y el actual tribunal los ha librado a la papelera de la historia. Añadiendo además, que el ser que se encuentra en el vientre de la madre es solo «una vida en formación”  que asigna una nueva categoría al embrión, al feto, al inmaduro.  No importa que tal concepto sea anticientífico, porque la vida está en formación desde el primer momento que se origina y continuamente experimenta este proceso hasta la muerte.

no van más allá de un desarrollo de 14 días,  porque consideran como una convención,  que a partir de ahí hay un ser humano ya configurado

La vida humana tiene su origen en la fecundación y a partir de ahí solamente existe un proceso unitario. Esto lo recogen incluso los científicos que se dedican a utilizar embriones para sus experimentos, que puede presuponerse que tienen poca consideración con  su naturaleza humana. Pero a pesar de ello, y por un consenso generalizado no van más allá de un desarrollo de 14 días,  porque consideran como una convención,  que a partir de ahí hay un ser humano ya configurado.

Nosotros defendemos que esta configuración existe desde el momento en que se produce la fecundación, pero en cualquier caso si citamos la referencia es para señalar la brutal arbitrariedad del nuevo Tribunal Constitucional.

Hoy vivimos, pues, bajo un régimen que ha degradado la democracia y en última instancia fundamenta su prevalencia en un abuso descarado de la aplicación del derecho, convirtiendo al Tribunal Constitucional en una cámara legislativa inapelable, que establece nuevos derechos.

Hemos de rebelarnos ante tal estado de cosas, en nombre del estado de derecho, de la democracia, de la justicia, del propio derecho. 

Si ahora no organizamos con fuerza la voz que se oponga a tales arbitrariedades, la democracia en este país se estará extinguiendo. No se trata ya de defender el derecho a la vida, que es determinante porqué es el fundamento necesario de todos los demás derechos, se trata además de defender la  democracia y las garantías  constitucionales que la hacen posible, y eso debería unir a más personas que las ya muy numerosas que defendemos la vida.

En esta circunstancia el primer partido de la oposición y alternativa del Gobierno hoy no puede limitarse ante aquellas leyes y las decisiones del constitucional, huelga decir que asume sus resultados ¡porque son constitucionales!

El Partido Popular debe definirse con claridad sobre si:

Primero,  está de acuerdo o no con la nueva práctica jurídica del Tribunal Constitucional, de regular nuevos derechos y concretamente lo que ha hecho, de establecer el principio de autodeterminación de acuerdo con el deseo y la prohibición de que el legislador establezca cualquier restricción o prohibición sobre el mismo, a pesar de que esta puede enmarcarse jurídica y formalmente en el marco constitucional.

Segundo, si comparte las leyes sobre el aborto y la eutanasia tal y como están formuladas o, por el contrario, piensa derogarlas o modificarlas.

Tercero, si se compromete a que, en una nueva configuración, el Tribunal Constitucional esté formado por una mayoría de jueces comprometidos con el respeto a lo que es esta instancia y, por consiguiente, a dejar sin efecto estas estrambóticas sentencias y recuperar su tradición legislativa.

De manera impúdica nos hemos habituado a un vocabulario que los califica de progresistas o conservadores en función de si han sido elegidos por los socialistas o los populares Clic para tuitear