Alerta en Badia del Vallès por el deterioro de los edificios

"Desde que cayó el balcón de la Guardia Civil hay mucha gente que me explica los problemas que tienen sus edificios", comenta Juan José Díaz, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Badia. El pasado octubre, el balcón del quinto piso de la casa cuartel del instituto armado –propiedad del Ministerio del Interior- se descolgó sobre el de la cuarta planta. En aquel momento, entre los vecinos se despertó la preocupación por si aquello podía suceder en sus edificios. 

El primer análisis que realizó el ayuntamiento sobre el desplome del balcón concluyó que este había caído por la falta de mantenimiento y la dejadez. "En el primer informe del técnico se veía que una de las causas del desprendimiento del balcón eran los efectos de las lluvias de aquel mes y la acumulación de agua por el desuso. Hay un estado de deterioro que un piso habitado no tiene", explica Eva Menor, alcaldesa de Badia. Aun así, tanto la asociación de vecinos como algunos de ellos sienten inquietud por el estado de las viviendas. 

Badia se construyó entre 1973 y 1975, en pleno desarrollismo franquista. El 100% de sus viviendas son de protección oficial hasta el año 2026. Un régimen de protección que, por cierto, es el más largo de la historia de España (50 años). Sus edificios son solo de cuatro o cinco tipologías y se siguió el mismo modelo constructivo en casi todos: los paneles prefabricados de hormigón.

200 bloques en total

Los 200 edificios del municipio ya han llegado a los 45 años que estipula la ley para que sean sometidos a la Inspección Técnica de Edificios (ITE). El 75% ya la han pasado y los datos, aunque aún no definitivos, arrojan algunos mensajes: el 8% presentan patologías graves y el 60% sufren patologías importantes. Estas últimas podrían convertirse en graves si no se interviene en un plazo de entre cinco y 10 años, apuntan desde el consistorio.

Si no se interviene antes de 10 años, el riesgo se multiplicará

Daniel Serrano, arquitecto municipal de Badia, explica que la cifra de patologías graves está por debajo de la media, pero que las importantes están por encima. "Las patologías son siempre muy similares, y en el caso de las graves casi siempre afectan a las fachadas y las cubiertas", apunta el técnico municipal. Entre los problemas más frecuentes que se han detectado hay deformaciones y fisuras en interior derivadas de problemas de estructura vertical, humedades o filtraciones en elementos de esta, deficiencias en acabados de la fachada y deficiencias en las instalaciones eléctricas, entre otras. Muchas de estas carencias también están relacionadas con las estructuras de fibrocemento y la degradación del amianto del municipio, presente en la mayoría de sus construcciones.

Preocupados por el coste

Más allá de la preocupación por el estado de las viviendas, los vecinos también se muestran preocupados por el coste de las rehabilitaciones. Badia es uno de los municipios más afectados por la crisis económica. Aún hoy, tiene una tasa de paro de las más altas de Catalunya que se sitúa en el 17,91%, según los datos del Consell Comarcal del Vallès Occidental, y una renta por capita de 12.400 euros por habitante, según el Idescat.

Arturo Cortés, vecino del municipio, explica que en el caso de su bloque, la comunidad tiene que desembolsar unos 60.000 euros en reformas para pasar la ITE. "Sé de otras comunidades que tienen que gastarse 100.000 euros", asegura. "Esto lo va a tener que subvencionar alguien. Esto es un barrio obrero y hay gente que no paga ni la escalera, ¿Cómo vamos a hacer que la gente pague eso?", se pregunta Cortés.  En la asociación de vecinos lo tienen claro: "Queremos que la Administración se moje", explica el presidente. 

Algunas comunidadesafrontan obras por más de 100.000 euros que muchos vecinos no pueden pagar

En las reuniones que mantienen el ayuntamiento y la Generalitat se han planteado diferentes posibilidades. Una de ellas sería que los vecinos puedan acceder a un crédito del Institut Català de Finances (ICF), que financiaría a 15 años las intervenciones. La idea sería hacer una actuación integral más allá de la retirada del amianto, compromiso que la Generalitat adquirió en el 2007 con el Plan Director de Obras (PDOR), mediante el cual financiaba el 75% del coste de la obra.

"Con el PDOR el vecino solo paga el 25% de la retirada del amianto porque es un compromiso adquirido de la Administración. El resto de las obras que no están incluidas en el PDOR pero que son necesarias para pasar la ITE las pagaría el propietario y la Administración le facilitaría este tipo de crédito”, explica Serrano. 

El ayuntamiento y la Generalitat firmarán un acuerdo próximamente que dará acceso a las ITE al primero. Con ello el consistorio podrá jerarquizar las actuaciones del PDOR. "Tendremos una nueva herramienta para conocer la calidad del parque edificado y así sabremos dónde tenemos que intervenir primero", apunta el arquitecto municipal.

Un estudio pionero para detectar el amianto

Badia ha realizado un estudio pionero para analizar el estado de degradación del amianto en la localidad y las cantidades de fibras que hay en el ambiente. El objetivo de este proyecto es tener una guía a la hora de proceder a la 'desamiantización' del municipio y establecer prioridades para su retirada. 

Los 200 edificios de Badia fueron construidos con materiales que contienen fibrocemento. Galerías, tubos, bajantes o algunas cubiertas son algunos elementos que tienen este material altamente cancerígeno que se prohibió en el año 2002. El paso de los años ha ido deteriorando estas estructuras y no hace falta caminar mucho para ver como algunas placas de fibrocemento de las galerías se han roto o se han comenzado a degradar. Lo mismo sucede con el resto de componentes que contienen fibrocemento.

"El estado es lamentable", asegura el higienista industrial especializado en amianto que dirige el proyecto, Lluís Mallart. En este sentido, puntualiza que es un estado de degradación "similar" al de otros sitios. "Tenemos libros de la propia fábrica de Uralita en los que los ingenieros de aquel momento, que seguro que no sabían que el fibrocemento era tan malo, calculaban una vida útil de entre 30 y 40 años", relata el experto.

"Ingenieros de Uralita calculaban una vida útil [del fibrocemento] de entre 30 y 40 años"

Lluís Mallart

— Higiniesta industrial

Entre el 20 y el 21 de noviembre se desarrolló la tercera fase de este estudio. Con 11 equipos de alta tecnología de la empresa francesa Aleá Contrôles, se midió la concentración de amianto en el aire de 31 comunidades. Estas no se escogieron al azar. En una fase anterior del proyecto se había recogido muestras de superficie en el 84% de las comunidades afectadas del municipio. Del análisis de esas muestras y de una primera inspección visual se escogieron las que daban las cifras más altas. 

Los equipos de muestreo fueron colocados en cada comunidad durante cuatro horas y a tres niveles diferentes: la parte baja del edificio, la media y la alta. Eso tampoco fue casualidad. "Podría ser que en el piso de arriba reaccione por el concepto del aire, del frío y del viento más que las partes de abajo", asegura el experto.

Las muestras recogidas fueron enviadas a un laboratorio de Francia para ser analizadas, y según explican los responsables del proyecto, las conclusiones del estudio se podrán presentar a finales de diciembre o principio de enero. 

Una lucha vecinal

El estudio ha sido impulsado por la Comisión del Amianto de Badia que está formada por la asociación de vecinos, por todos los grupos políticos con representación o no en el ayuntamiento y por vecinos no asociados. Badia hace años que lucha por la retirada del amianto. En el año 2007, la Generalitat aprobó un Plan Director de Obras Revisado (PDOR) para retirar las galerías de un total de 66 comunidades y sustituirlas por balcones. El Gobierno autonómico pagaba el 75% de la obra y los vecinos solo tenían que abonar unos 3.000 euros. Tan solo se llegaron a cambiar unas 33. La llegada de la crisis hizo que la Generalitat palizara sus actuaciones y la situación quedó bloqueada durante algunos años.

Cuando se reemprendieron las actuaciones, la Generalitat pedía 4.100 euros por el cambio de las galerías, 1.000 más de lo que se había acordado en el 2007. "Muchas comunidades no tenían el dinero y la Generalitat no comenzaba la intervención sin este", asegura Menor. Por su lado, el presidente de la asociación de vecinos, Juan José Díaz, denuncia que esta situación "es un problema por la situación económica de Badia". 

La retirada de las galerías resolvería una parte muy importante del problema del amianto en el municipio. "Si se materializase el PDOR y se cumpliese al 100%, supondría la retirada del 80% del amianto en la ciudad", asegura Menor. El ayuntamiento lleva tiempo trabajando para desbloquear la situación, aunque por ahora aún se espera un acuerdo definitivo.