Mujeres que sufren violencia de género pero no denuncian por temor a no ser creídas. Mujeres que denuncian y descubren que resulta casi imposible lograr una condena por maltrato psicológico, por mucho que haya sido el daño infringido. Mujeres que son vistas con recelo cuando su caso es sobreseído, aunque sea provisionalmente, pasando a ser juzgadas por su entorno familiar y social como malas esposas y malas madres.... El relato desgranado por Rocío Carrasco en Telecinco coincide con el de muchas víctimas de violencia de género que, tras sufrir un maltrato físico o psicológico por parte de sus parejas, son revictimizadas a través de todo tipo de instituciones. En el caso de Rocío Carrasco, desde los tribunales hasta el Defensor del Menor, pasando por algunos de los principales medios de comunicación de este país. Es lo que se conoce como 'violencia institucional'.

Así lo entiende Ana Bernal-Triviño, colaboradora de Público, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya y experta en violencia de género, que este domingo participó en el programa en el que Telecinco emitió dos nuevos capítulos de la entrevista a Rocío Carrasco. Bernal-Triviño lo identificó claramente como un caso de "violencia institucional", un tipo de violencia que  "no sólo es ejercida por parte de la justicia, que estaba fallando, sino también por parte de otras instituciones como cuando ella recurre al Defensor del Menor y no le da respuestas. La violencia institucional es algo que se está denunciando hace mucho tiempo por parte de muchas mujeres y a la que se está haciendo oídos sordos", explicó Bernal-Triviño. 

En muchas ocasiones, el hecho de no tener una sentencia condenatoria contra el  maltratador da al traste con la posibilidad de que los casos sean conocidos públicamente. Y esta ausencia de relato perpetúa los estereotipos y las experiencias que muchas mujeres se encuentran cuando chocan con las instituciones, como una pescadilla que se muerde la cola. Por eso, para algunas expertas en violencia de género, que un medio televisivo narre en horario de máxima audiencia el relato de Rocío Carrasco supone un gran paso adelante para promover el debate público sobre las diversas violencias que sufren muchas mujeres.

Carrasco no solo vio cómo su denuncia era sobreseída provisionalmente, sino que denuncia haberse sentido desamparada al acudir al Defensor del Menor para pedir que se tomasen medidas que evitasen la sobreexposición mediática de sus hijos. Según relata, su ex pareja avisaba a los medios de comunicación cada vez que estaba con los menores, en un afán constante por promover su imagen como padre modélico, al tiempo que denigraba la imagen de Rocío Carrasco como mujer y como madre en los platós televisivos. Un relato de 'mala madre' muy extendido en casos de malos tratos, y que fue comprado sin reservas ni cuestionamiento alguno por numerosos medios de comunicación a lo largo de los últimos 20 años.

La hija de Rocío Jurado relata cómo en el año 2000, cuando se encontraba en proceso de divorcio, escribió al entonces Defensor del Menor, Javier Urra, pidiéndole medidas de protección hacia sus hijos. En su respuesta, Urra se limitó a enumerar las vías legales existentes para proteger al intimidad de los  menores, pero no adoptó ninguna medida adicional de protección. La noche de este domingo, Urra respondió al programa afirmando que el caso estaba judicializado y, debido a esta circunstancia, él no podía intervenir.

Para Bernal-Triviño, el entonces Defensor del Menor tendría que haber "dado un paso adelante y reconocer que hubieron errores, que es el primer paso para el cambio. Hay que detectar dónde están esos agujeros y ver dónde podemos fallar. A veces tienen consecuencias muy altas, porque pueden provocar daños emocionales que pueden quedar permanentemente sobre los hijos. O incluso en algunos casos, como el de Itziar Prats, que acaba con los menores asesinados. Creo que tenemos que hablar en voz alta cuando el sistema falla y buscar soluciones. No vale limpiarse las manos".

Una justicia distorsionada

La violencia institucional no se da de forma aislada. No se trata de un órgano del Estado que actúa independientemente de forma defectuosa y que sería muy sencillo detectar. Se trata de un conjunto de actuaciones basadas en estereotipos de género que pasan desapercibidos pero que generan discriminación. Tal como lo describe la magistrada Gloria Poyatos en un artículo para este diario, cuando la justicia no es capaz de percibir los estereotipos de género "es una justicia distorsionada que convierte las sentencias en un arma de discriminación institucional. Es decir, lo que estás haciendo es elevar el estereotipo a la categoría de justicia".

En declaraciones a este diario, la magistrada incide en que la violencia institucional es una de las formas más perversas de maltrato, porque se hace bajo amparo del Estado de Derecho, convirtiendo así a las Administraciones en una especie de 'agresor'. Esta es la razón por la que ha sido prohibida de manera expresa por la Convención para la Erradicación de todas las formas de Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Convenio de Estambul o la Convención de Belén do Pará, entre otras.

De hecho, la CEDAW ya condenó a nuestro país en el año 2014 por uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional que se han dado en España en relación a la violencia de género: el que llevó al asesinato de la hija de Ángela González Carreño a manos de su padre después que la ella interpusiera más de 50 denuncias para evitar las visitas no vigiladas entre padre e hija. En una de ellas él la asesino. A raíz de este caso, la ONU exigió a España que pusiera en marcha medidas para evitar este tipo de violencia, entre ellas la formación obligatoria de operadores jurídicos, cosa que nuestro país comenzó a realizar con tremenda lentitud.

"Hasta el 2018 en el temario de estudio de los jueces no estaba la CEDAW. ¿Cómo se les podía exigir que aplicasen esta convención si ni siquiera se había incluido en los planes de estudio ni en la formación continua?", explica Poyatos en declaraciones a este diario. "Fue con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2018 a raíz de los cambios pedidos en el pacto de Estado contra la violencia de género en 2017, cuando se incluye en los programas de estudio", añade Poyatos. Un retraso sorprendente, si se tiene en cuenta que todos los tratados internacionales de derechos humanos pasan a ser legislación nacional una vez ratificados, tal como lo establece la Constitución. La CEDAW fue ratificada por nuestro país en el año 1983. En el caso de Ángela Gonzales Carreño el Tribuna Supremo reconoció al responsabilidad del Estado español en el asesinato de su hija en 2018, unos 15 años después de que esta madre comenzara a reclamar dicha responsabilidad.

De todas formas, Poyatos advierte de que cada caso hay que analizarlo en su contexto histórico y reconocer que cuando el caso de Rocío Carrasco se judicializó, "la sociedad seguía contemplando esta violencia más como un asunto privado que un delito público".

"Creo que es importante que se vea con los ojos de esa época y reconocer que las cosas han evolucionado", afirma Bernal-Triviño. "Pero las mujeres que nos contactan y nos cuentan sus casos, siguen narrando los fallos dentro del mismo sistema y esto es algo que una parte que la sociedad desconoce. Y este desconocimiento es precisamente donde crecen los bulos contra esas madres, los mitos de la mala madre, de la mala mujer, que acaban permitiendo que se introduzca el Síndrome de Alienación Parental en los juzgados aunque, el Consejo General del Poder Judicial haya dicho que no debe de admitirse", explica Bernal.

Los medios tienen una responsabilidad específica

Difundir correctamente lo que significa la violencia de género, en qué consiste y desterrar bulos y estereotipos es una de las claves para erradicar esta violencia. Tan clara estaba esta función, que ya la ley de violencia de genero de 2004 concedía a loa medios de comunicación un papel clave en la prevención y la sensibilización sobre estas violencias. Una labor que globalmente los medios de comunicación no han asumido. 

"Llevamos más de una semana hablando de violencia de género en medio de una corriente negacionista y en el fondo es positivo porque demuestra que la violencia de género existe. Y no sólo eso, sino que hay una red de violencias cómplices que terminan alimentando esa violencia principal (la violencia vicaria, la judicial, la institucional… ) y la propia violencia mediática. Es momento de la reflexión y de decir alto y claro que nos hemos equivocado, pero que podemos cambiar con esa objetividad que requiere un delito público y poner sobre la mesa los fallos del sistema. Ese es el papel revolucionario que podemos cumplir los medios de comunicación y dar voz a víctimas, más allá Rocío Carrasco", añade Bernal-Triviño. 

Del temor al terror: la irrupción de Rodríguez Menéndez

El papel de los medios de comunicación en este caso va incluso más allá. Según relata Rocío Carrasco, existía un acuerdo de su exmarido, Antonio David Flores,  con algunos periodistas del corazón para sacar exclusivas con información sobre su vida, incluyendo todo tipo de invenciones. Un negocio del que, afirma, se beneficiaban tanto el periodista como el propio Flores.

La producción de información falsa e interesada no acaba ahí. Su expareja contrató al poderos y turbio abogado Emilio Rodríguez Menéndez para llevar su caso de divorcio. Algo que, según el testimonio de Rocío Carrasco, hizo que pasase "del miedo al terror".  "A Rodríguez Menéndez lo contrata y lo usa para lo que él quería: dejarme sola y aislarme". "Desde la llegada de Rodríguez Menéndez, todo el que está a mi lado desaparece". El abogado no solo ejercía como tal, sino que además era editor de la revista 'Dígame', que incorporó a Antonio David Flores como redactor jefe y difundió abundante información denigratoria contra Rocío Carrasco, así como otras destacadas figuras del mundo de la política, la economía y el espectáculo.

Dañar la imagen pública de la víctima con el fin de mermar su credibilidad y producir su aislamiento progresivo y sistemático, son dos de las técnicas más habituales de quienes ejercen violencia de género para infringir daño. Cuando instituciones como la justicia o los medios de comunicación compran y amplifican esta imagen de 'mala mujer' o 'mala madre', es cuando se produce la revictimización conocida como violencia institucional. Una violencia demoledora que hasta ahora había pasado desapercibida para el gran público, y que el testimonio de Rocío Carrasco ha puesto sobre la mesa.