TSE envía a Fiscalía informe sobre financiamiento electoral de partido de Chaves

La autoridad electoral confirmó a La Nación este jueves que los insumos fueron remitidos al Ministerio Público el miércoles 8 de junio. Ambas instituciones investigan si el PPSD utilizó un financiamiento paralelo para sufragar gastos de la pasada campaña electoral.

Dicho reporte se elaboró por solicitud de la Fiscalía, y contiene “los hallazgos identificados a la fecha” por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, el cual indaga sobre el origen del dinero que financió la campaña de Rodrigo Chaves, durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del PPSD.

“Este informe es parcial, por lo que una vez finalizada la investigación respectiva se estará informando lo que corresponda a esa instancia de persecución penal, para que esta, en el marco de sus competencias, practique sus propias valoraciones y análisis sobre el caso particular”, indicó el TSE.

El envío del informe preliminar fue confirmado el mismo día en que el presidente Chaves se apersonó ante la Fiscalía General de la República a solicitar información sobre una investigación que se realiza en su contra.

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En marzo, La Nación reveló que nueve personas y dos sociedades anónimas financiaron gastos electorales de la campaña del entonces candidato Rodrigo Chaves, sin que el dinero entrara al PPSD y sin que sus donaciones fueran dadas a conocer al público en el marco de transparencia exigido por ley.

Un fideicomiso denominado Costa Rica Próspera, constituido por el ahora mandatario y el empresario Jack Loeb, recibió aportes por al menos $165.000, entre febrero y setiembre del 2021. Desde dicha figura se pagaron gastos como la casa de campaña, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió el expediente de investigación N.° 22-000210-0276-PE, luego de que en febrero una persona presentara una denuncia contra Chaves.

En marzo, la entidad informó de que se indagaba “el presunto delito de aportación, utilización o recibimiento de dinero o recursos financieros para actividades políticas electorales”.

En ese momento, el asunto se encontraba en investigación, en la etapa de recolección y análisis de pruebas. La Fiscalía también informó sobre un segundo expediente, el número 22-007355-0042-PE. No obstante, no detalló cuál presunto delito se investiga en esa causa.

Como la investigación está relacionada con el presidente de la República, a inicios de mayo el Ministerio Público indicó que los dos expedientes se trasladarían a la Fiscalía General de la República, la cual debe conocer todos los asuntos relacionados con integrantes de los supremos poderes.

Según la legislación, hay una estructura paralela de financiamiento cuando terceras personas efectúan aportes y costean gastos partidarios, al margen de los controles internos de la agrupación.

Tal práctica está prohibida. Aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido, ya que se dificulta trazar el origen de los fondos.

El Código Electoral prevé sanciones para quienes realicen aportes a los partidos políticos al margen de la ley, así como para los dirigentes que reciban donaciones “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”. Los castigos oscilan entre los dos y los seis años de cárcel.

El fideicomiso Costa Rica Próspera fue administrado por la sociedad ATA Trust Company S. A. Desde ahí, se pagaron gastos de la campaña de Chaves como la casa de campaña, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina.

Por ejemplo, financió el alquiler del hotel Corobicí para la conferencia de prensa del 7 de julio del 2021, en la que Rodrigo Chaves anunció su candidatura por el PPSD.

Esta figura se nutrió de aportes de las siguientes personas: Jack Loeb Casanova, Bernal Jiménez Chavarría, Arnoldo André Tinoco, Adrián Torrealba Navas, José Coto Quesada, Damaris Robles Aguilar, Luis Diego Soto Clausen, Hey Friedrich y Sergio Naranjo.

Además de ellos, se registraron aportes de las sociedades Galería Tres Mil y Península Group, ambas presididas y representadas por André Tinoco. Este abogado, expresidente de la Cámara de Comercio, también preside la sociedad administradora del fideicomiso, ATA Trust.

Asimismo, existe una donación de origen no identificado.

Entre el 26 de febrero y el 10 de agosto del 2021, las personas citadas efectuaron 20 donaciones para un total de ¢100 millones, de los cuales la mayoría llegó en dólares. En detalle, entraron $149.826 (¢98,3 millones) y ¢1,8 millones.