El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió a la Corte Constitucional (CC) una demanda de conflicto de competencias, respecto de sus atribuciones para organizar las elecciones nacionales de febrero del 2021, frente a las sentencias del Tribunal Contencioso Electorales (TCE).

Lo anunció la presidenta del Consejo, Diana Atamaint durante el IV Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, convocado para este martes 22 de septiembre.

"La consulta a la Corte Constitucional la he enviado el día de hoy, en donde se hace una explicación amplia (del por qué de la demanda). Pero el proceso debe continuar", anotó Atamaint.

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Esta demanda surgió después de que el TCE ordenó al CNE adoptar medidas de reparación integral a favor del movimiento Justicia Social, para que se le habiliten plazos nuevos para que realice democracia interna y elija candidatos, los inscriba y se los califique para participar en los comicios.

El CNE resolvió que los plazos para realizar estas actividades "precluyeron", demandó al Tribunal respeto a sus competencias administrativas para organizar las elecciones; y decidió presentar esta demanda a la CC.

Por no dar paso a esta sentencia de medidas de reparación integral, el TCE tramita una denuncia por infracción electoral en contra de los consejeros Enrique Pita, José Cabrera, Diana Atamaint y Luis Verdesoto, quienes aprobaron la resolución mencionada fechada el 14 de diciembre. La consejera Esthela Acero se abstuvo, y no fue denunciada.

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El pedido de sanción la presentó Jimmi Salazar, director nacional de Justicia Social, que pide la destitución de los cuatro vocales, pérdida de derechos políticos y una multa de 70 salarios básicos. La causa la tramita la jueza Patricia Guaicha, después de que se recusó al juez Ángel Torres, quien en un inicio convocó a una audiencia oral a las autoridades y denunciantes, para el próximo 26 de diciembre.

En tanto, las organizaciones políticas pidieron seguridad jurídica y garantías para el desarrollo de las elecciones generales del 2021.

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En el consejo consultivo, representantes de once movimientos y partidos políticos nacionales expresaron su preocupación por la falta de certezas en la organización de los comicios, frente a la pugna política que mantiene el CNE con el Tribunal.

Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik (PK) cuestionó que pese a las "leguleyadas" que se dicen en la Función Electoral, "las fechas planteadas para el proceso electoral son inamovibles".

Reclamó que "no están dando una credibilidad y "no quisieramos llegar con dudas" el día de las votaciones, opinó.

Guillermo Herrera, presidente de la Izquierda Democrática (ID) también cuestionó que estos enfrentamientos políticos "no están dando seguridad jurídica y garantía".

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Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular (UP) dijo que el Consejo debe "asumir sus decisiones", porque la Corte Constitucional podría demorarse en pronunciarse sobre una demanda de conflicto de competencias, y aún no se resuelve el inicio de la impresión de papeletas electorales.

Según Atamaint, se preveía empezar con esa actividad el 15 de diciembre con el Instituto Geográfico Militar (IGM), pero la última "fecha tope" sería el 7 de enero. "No ha ido ni una sola papeleta para impresión, porque no se ha definido las candidaturas, pero si el CNE toma la decisión de enviar las papeletas a impresión estaríamos a tiempo" subrayó.

Alfredo Serrano, director nacional del Partido Social Cristiano (PSC) respaldó al Consejo, y expresó que darle nuevos plazos para la inscripción de candidatos a Justicia Social retrasaría el calendario 53 días.

"De la noche a la mañana aparece un movimiento y el TCE decide que le vamos a dar un trato especialísimo... Se debe respetar el calendario, no nos gustó, pero lo acatamos. La decisión deberá tomarla el CNE", comentó Serrano.

El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita aseguró a los sujetos políticos que el CNE "no ha desacatado ninguna disposición del TCE, hemos trabajado por garantizar y respetar los derechos de las organizaciones políticas y de los candidatos".

Al final, Atarihuana planteó que una de la resoluciones del consejo consultivo sea aprobar un manifiesto de las organizaciones políticas para que se respete el calendario electoral.

En este evento político también se informa a los partidos y movimientos sobre las medidas de bioseguridad que deberán acatar durante las caminatas y caravanas, que se realicen en la campaña electoral que arranca este 31 de diciembre.