El despacho del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri admitió a trámite un recurso subjetivo contencioso presentado por el movimiento político Justicia Social, en contra de una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), relacionada con la inscripción de sus candidatos al Parlamento Andino, en el marco de las elecciones nacionales del 7 de febrero del 2021.

Con ello, la impresión de papeletas de parlamentarios andinos se mantendrá en suspenso, mientras el TCE no resuelva esta causa.

Este recurso interpuesto por Justicia Social busca que el CNE le dé más días de plazo para inscribir a sus candidatos, y no uno como se resolvió el pasado 20 de enero.

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La mañana de este 29 de enero, la presidenta del CNE, Diana Atamaint mantenía la aspiración de que en las próximas horas exista una 'base jurídica' para proceder con la impresión de esta papeleta y que sea incluida en los comicios del domingo próximo.

Sin embargo, esa posibilidad se diluyó, pues debe esperar que el TCE emita un fallo final.

Al interior del Consejo, los consejeros están buscando los mecanismos legales para convocar en una nueva fecha para la elección de estas dignidades, pues el Instituto Geográfico Militar (IGM) ya no alcanzaría a imprimir las papeletas, y tampoco se podrá enviarlas para el voto de los ecuatorianos residentes en el Exterior.

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La fecha de la nueva elección, dependería de los resultados de la primera vuelta electoral en la elección de binomio presidencial, para que se elija en segunda vuelta; o de lo contrario, fijar una fecha distinta para acudir a las urnas para elegir solo a esta dignidad.

El pleno del Consejo resolvió dar un día de plazo al movimiento político para que inscriba candidatos al Parlamento Andino, acatando una sentencia del TCE en la que se ordenó "garantizar" su participación en los comicios.

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La agrupación política ingresó una petición de corrección, en la que pedía que se les amplíe el plazo para ingresar la documentación de sus aspirantes, para su posterior calificación.

El CNE inadmitió esta petición, alegando que los plazos se acortan para llevar a cabo las elecciones. Y Justicia Social recurrió al TCE.

El Tribunal de última instancia, tiene un plazo de hasta 15 días para pronunciarse. A esto se suman los plazos para las notificaciones y las posibles solicitudes de aclaración y ampliación, hasta que la sentencia quede en firme. (I)