A inicios de ese mes ocurrió el episodio de desplazamiento interno forzado de mayor magnitud del 2021 hasta el momento. Las 3,205 personas desplazadas, muchas de ellas niñas, niños y adolescentes, tuvieron que huir de Pantelhó y de varias localidades de Chenalhó, en Chiapas, debido a los enfrentamientos entre un grupo armado que se asume como célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo de autodefensa conocido como El Machete. Fue el desplazamiento masivo con mayor número de personas afectadas desde octubre de 2017, cuando más de 5,000 personas fueron obligadas a huir de diversas comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó para protegerse de ataques armados perpetrados en un contexto de conflicto territorial entre estos municipios. Las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron y documentaron la situación reportaron condiciones de emergencia humanitaria y que las niñas, niños y adolescentes presentaban síntomas de angustia, miedo, insomnio y constante preocupación, así como tos y molestias estomacales. Hacia finales del mes, el gobierno estatal reportó que las familias desplazadas recibieron atención psicológica, alimentos, colchonetas, agua y kits de aseo personal, y que tras la realización de operativos muchas ya habían retornado a sus comunidades. Detrás de la violencia que estalló en Pantelhó existe un problema que han señalado los pobladores y que es parte de una descomposición político-social que comenzó a principios del siglo XXI: el Ayuntamiento está enquistado por el crimen organizado. Esto ha permitido el tráfico de drogas, armas y personas en el municipio, y también habría provocado el asesinato de 200 personas. El 6 de julio, los pobladores de Pantelhó fueron obligados a votar por el esposo de la actual presidenta municipal bajo amenazas de muerte, y algunos señalaron que las urnas eran vigiladas por personas armadas. Ante esto, habitantes de 86 comunidades y de los 18 barrios de la cabecera municipal acordaron nombrar nuevas autoridades bajo el sistema normativo indígena de usos y costumbres.
Nuevos desplazamientos En julio hubo al menos tres episodios de desplazamiento masivo causado por violencia en México, en los estados de Chiapas, Sinaloa y Veracruz. El 7 de julio, 3,205 personas tuvieron que abandonar sus hogares en los municipios de Pantelhó y Chenalhó, en Chiapas, debido a incursiones armadas y enfrentamientos entre un grupo vinculado al crimen organizado y otro de autodefensa. En Texistepec, Veracruz, se reportó que el 8 de julio fuerzas de seguridad pública federales y estatales desalojaron de forma violenta a familias, destruyendo viviendas y cultivos. Esto ocurre en el contexto de la construcción del Corredor Interoceánico, donde se han presentado varios incidentes entre pobladores y autoridades. Finalmente, en al menos cinco localidades de Culiacán, Sinaloa, varias familias, mayoritariamente de la sindicatura de Tepuche, tuvieron que abandonar sus hogares debido al resurgimiento de la violencia en la zona. En junio de 2020 ya habíamos identificado el desplazamiento de 80 familias de varias localidades rurales de la zona de Tepuche, entre ellas Bagrecitos. |
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Actualizaciones: En mayo, 300 personas de nueve comunidades en la sierra de Zihuatanejo, Guerrero, tuvieron que abandonar sus hogares debido a las extorsiones e incursiones armadas de “Los Cuernudos”. En junio ocurrieron dos eventos adicionales a los ya reportados en el boletín anterior. El primero en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde 521 personas de 127 familias de las localidades de Santa Rita y San Jerónimo se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre dos grupos armados ocurridos entre el 23 y 24 de junio. El segundo afectó a 200 personas de Durango, Nayarit y Zacatecas, principalmente a los habitantes de El Mezquital, Durango, quienes tuvieron que dejar sus hogares debido a las condiciones de inseguridad y enfrentamientos en la región.
¿Qué más ocurrió en julio? En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó y aprobó una propuesta para exhortar al Ejecutivo Federal a que incluya en el Paquete Económico de 2022 partidas presupuestales específicas para indemnizar a las personas propietarias de predios en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas que fueron desplazadas en 1994 por el Movimiento Zapatista. Familias de Guerrero y Michoacán continuaron huyendo hacia la frontera norte por la violencia generada por grupos armados, principalmente a Tijuana. Muchas se encuentran en el campamento conocido como “El Chaparral”, donde esperan la oportunidad para solicitar asilo en los Estados Unidos.
A finales del mes, hubo un intento de retorno de 137 familias de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, desplazadas a finales de 2020. A pesar de que existía un protocolo de retorno, diseñado por los gobiernos estatal y federal en conjunto con actores locales, se reportó que cuando la caravana arribó a Tierra Blanca un grupo de mujeres les impidió el acceso. Las autoridades intentaron dialogar, sin éxito. Al regresar a Yosoyuxi, donde la mayoría de la población desplazada se encuentra refugiada desde diciembre, las autoridades prometieron intentar el retorno nuevamente al día siguiente. Sin embargo, posteriormente declararon que el retorno no ocurriría y que serían necesarias más mesas de trabajo para alcanzar una solución.
Chiapas
Aunque el conflicto entre la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza y la Alianza San Bartolomé de Los Llanos en el municipio de Venustiano Carranza data de 1970, en julio se reportó que la violencia continúa y se ha intensificado desde abril. En 2020, 250 personas del municipio se vieron obligadas a dejar sus hogares tras la incursión de un grupo armado que incendió y destruyó sus viviendas. Chihuahua
Estado de México
Guerrero
En su sexto y último informe de gobierno, el gobernador señaló que hay un registro de más de 1,500 personas desplazadas pertenecientes a por lo menos 397 familias de las regiones de Tierra Caliente, Montaña Baja y la Sierra a consecuencia de la lucha por el control de territorios entre grupos del crimen organizado. Se aprobó una reforma a la Ley de Víctimas del Estado para que las dependencias, ayuntamientos y organismos autónomos, mediante sus áreas jurídicas o de derechos humanos, brinden asesoría y apoyen de manera preferente a víctimas que busquen la reparación integral del daño en los trámites y gestiones ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se deben tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y necesidades especiales de los grupos sujetos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, entre ellos las personas en situación de desplazamiento interno.
Michoacán
Oaxaca
300 personas desplazadas de Guadalupe Victoria, en San Juan Juquila Mixes, les exigieron a los gobiernos estatal y federal apoyo para retornar a sus hogares y la resolución del conflicto con la comunidad de San Pedro Ocotepec, detonante de su desplazamiento hace cuatro años. Las siete familias desplazadas en febrero de Yutatio, en el municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, denunciaron que se encuentran viviendo en condiciones precarias en un predio improvisado que les prestó una organización de Huajuapan de León. Personas indígenas zapotecas de San Pablo Cuatro Venados denunciaron que el gobierno estatal está preparando “la represión y despojo de su territorio con el uso de la Guardia Nacional”. Señalan que el objetivo es apoderarse de sus tierras para explotar tres concesiones mineras en las comunidades de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas. En 2019 reportamos el desplazamiento de 200 personas de estas localidades debido al ataque de un comando armado en el contexto de un conflicto comunitario entre Cuilapam de Guerrero y San Pablo Cuatro Venados. En Santiago Textitlán, donde 200 personas tuvieron que desplazarse de la localidad de Río Santiago por ataques de sus vecinos de Santiago Xochiltepec, varios pobladores retuvieron por 72 horas a 51 integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial. Los pobladores accedieron a liberarlos sólo después de que el gobernador se comprometiera a acudir a la población y establecer mesas de diálogo para resolver el conflicto. Sinaloa
El gobierno estatal continuó construyendo viviendas para las familias desplazadas por la violencia. En julio las beneficiarias fueron 50 familias que, en su mayoría, huyeron del municipio de Concordia hacia la periferia de Mazatlán. Sin embargo, las viviendas “no tienen cimientos ni servicios públicos como drenaje, agua potable o electricidad”, por lo cual sólo seis han sido ocupadas. El gobernador electo ha estado en pláticas con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que apoye al gobierno estatal con la construcción de desarrollos habitacionales para las personas desplazadas por la violencia. También mencionó la posibilidad de contar con reserva territorial para dichos desarrollos. Sonora
La violencia en el norte del estado, principalmente en los municipios de Magdalena de Kino e Ímuris, ha ido en aumento. Los enfrentamientos armados han dejado al menos ocho casas incendiadas y más de 20 personas asesinadas. Los pobladores han denunciado que esta situación de inseguridad ha generado desplazamientos forzados. Tamaulipas
Tras la masacre ocurrida a finales de junio en Reynosa, donde fueron asesinadas 15 personas en un ataque perpetrado por un grupo del crimen organizado relacionado con el Cártel del Golfo, algunas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Cruz Francisco, abogado y esposo de una de las sobrevivientes de la masacre, explicó que en su caso salieron de la región por la falta de seguridad y para evitar problemas con los grupos armados. Zacatecas
La Diócesis del estado señaló preocupación por el aumento de la violencia y el consecuente desplazamiento de familias. Según un investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el desplazamiento interno por violencia en la entidad se remonta a 2010, pero no se ha dado de forma masiva. El Secretario de Gobierno reconoció que en los municipios de Tepetongo, Valparaíso, Apulco, Nochistlán y en otras comunidades colindantes con Jalisco y Aguascalientes se tienen registrados casos de familias que tuvieron que abandonar sus hogares por la inseguridad, pero el gobierno no las ha apoyado.
En San Juan Capistrano, en Valparaíso, al menos 15 personas de varias familias tuvieron que dejar sus hogares entre finales de junio y principios de julio. La violencia ha convertido a este municipio en zona de guerra debido a los constantes enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Debido a esta situación, se cerraron los centros de salud de la zona serrana del municipio, por lo que médicos y enfermeras decidieron huir del estado.
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