Desde Ecuador: “La decisión de Lasso es un golpe al juicio político”

El mandatario tiene diversas causales para enfrentar un juicio político desde evasión de impuestos hasta actos de corrupción

Por Seguel Alfredo

18/05/2023

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Guillermo Lasso y el decreto de ‘muerte cruzada’

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió el miércoles la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que estaba en marcha con la intención de destituirlo.

La organización indígena Ecuarunari, manifestaba en una declaración pública en la tarde de ayer: “Decreto Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso es un golpe de estado para el Ecuador. Desde la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – Ecuarunari,  rechazamos la dictadura neoliberal y convocamos a la unidad de nuestras estructuras organizativas y las organizaciones sociales a ejercer nuestro derecho a la resistencia”.

¿Qué está pasando en Ecuador?

Desde Quito, el docente universitario, Sociólogo y Coordinador del Grupo de investigación Estado y Desarrollo GIEDE, Pablo Ortiz – T, compartió el siguiente relato: “La decisión de Lasso de decretar la “muerte cruzada” es un golpe al juicio político. Si bien ambas son figuras y herramientas reconocidas en la Constitución para dar salida a crisis políticas, la acción de Lasso es arbitraria y evidencia un desprecio por la Asamblea y por la norma que le da ésta la atribución de fiscalizar y juzgar a cualquier funcionario, incluyendo el Jefe de Estado”.

Agrega Ortiz: “En este caso específico, la Asamblea había cumplido toda la formalidad -incluyendo un dictamen de la Corte Constitucional- dentro de un proceso sinuoso y largo (…) Las causales para enjuiciar a Lasso habían varias: la evasión de impuestos y propiedad de empresas en paraísos fiscales “Pandora Papers”; vínculos con la mafia de Albania  y narcotráfico “Caso León de Troya”; caso de tráfico de influencias y compra de altos cargos públicos “Caso Danubio”; peculado en empresas públicas “Caso FLOPEC” – una empresa de transporte naviero de petróleo”.

El académico también señala: “La Corte únicamente calificó este último caso, que tenía que ver con la omisión de Lasso, quien a pesar de conocer desde mediados del 2022 irregularidades en unos contratos de transporte de crudo y perjuicios por millones de dólares, no actuó y permitió el accionar de una persona de su círculo íntimo, quien estaba a cargo de dicha empresa (…) Frente a eso, en la Asamblea sí se formó una coalición y se sumaron los 92 votos que establece la Constitución para la censura y destitución”.

El profesional denuncia episodios en este último tiempo en el marco de la conformación del juicio político: “Frente a eso, el gobierno acudió a la extorsión y compra de votos de algunos legisladores. Ni eso le permitió revertir la situación y es lo que motiva la decisión de la llamada “muerte cruzada”.

“Finalmente, hoy es grave y espeluznante el decreto firmado, porque no es clara la figura que lo sustenta y justifica. Y, aun así, los militares y policías se tomaron la Asamblea la mañana de ayer y aparecieron altos oficiales interpretando la legalidad de la decisión de Lasso y amenazando a la sociedad civil, en caso de que se desarrollen acciones colectivas de protesta”, comenta Pablo Ortiz – T.

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